Potenciar Trabajo: Gobierno busca dividir su gestión y pasarlos a las provincias
Es parte del intento por reformular la administración de la asistencia social; el 1° de enero empieza una auditoría para separar los beneficiarios entre Desarrollo Social, Trabajo y Educación
El 1° de enero el Gobierno pondrá en marcha la auditoría sobre planes sociales que este lunes anunció en su primer mensaje público, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. En principio, el universo de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo asciende a 1.200.00 personas y no está en carpeta agrandarlo. Sobre ese número comenzará la auditoría, que esperan que no se demore más de tres meses.
El primero demandaría que cada persona complete o actualice su información y los de su núcleo familiar, y luego se pasaría a la etapa de análisis y entrecruzamiento de bases de datos. Para eso prevén usar como eje central la información de Anses y cruzarla con la de otros organismos. Por ese motivo para este martes está prevista una reunión operativa entre Pablo de la Torre, Secretario de Niñez y Familia en Capital Humano, y el titular de Anses, Osvaldo Giordano.
En lo inmediato, y en vistas a esperar los resultados que arroje la auditoría, se espera que el Gobierno prorrogue la decisión de Sergio Massa, cuando aún estaba al frente del Palacio de Hacienda, de pasar los planes a la órbita de Trabajo. Los libertarios tienen en carpeta la idea de, en base a los datos, hacer una segmentación de los planes de acuerdo a los perfiles de los beneficiarios y agruparlos bajo las órbitas de diferentes secretarías. De este modo, el actual Plan Potenciar Trabajo desaparecería como tal y tendría nuevos nombres y características.
"Hoy se está a ciegas. Hay que auditar y ver dónde estamos parados", reconocen en el Gobierno sobre el tema. De momento sí saben que un 80% de los planes está en manos de organizaciones, a las que esperan remover como intermediarias.Una de las posibilidades que se maneja por estas horas es que luego de esa remoción de los intermediarios, el manejo de los planes vuelva a la órbita de provincias y municipios, directamente. Aunque por el momento reconocen que si bien esa es la idea, la decisión final estará atada a lo que arroje la auditoría.
Para la quita de intermediarios se apalancarán, entre otras cosas, en las denuncias con nombre y apellido que recibieron en la línea 134, que se habilitó para reportar situaciones anómalas como "extorsiones" o "amenazas" de punteros para con beneficiarios. Al margen del curso legal que eso lleve, está decidido brindarle acompañamiento a quienes dieron sus datos y relataron diversas situaciones en las que, por ejemplo, denunciaron que se los amenazaba con quitarles el plan si no concurrían a una marcha o les exigían un porcentaje de lo que tienen asignado a cambio de seguir recibiéndolo.
