Escándalo por los planes Potenciar Trabajo: la Justicia acreditó que más de 8.000 beneficiarios son empleados provinciales
Abarca a solo las 10 provincias que enviaron la base de datos de sus dependientes. Significa una erogación del Estado de $7.800.000.000 anuales. El fiscal Marijuan ya pidió sus bajas. Datos exclusivos
El fiscal federal Guillermo Marijuan acreditó la identidad de al menos 8.535 empleados de 10 provincias que son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, un hecho incompatible. El funcionario judicial solicitó en noviembre las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social. Hasta ahora solo diez distritos respondieron. Los otros fueron intimados por segunda vez.
Marijuan los acusa de "la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública; así como también contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público".
Hasta la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el mayor programa del ex Ministerio de Desarrollo Social era administrado por el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico, desde la secretaría de Economía Social. Y los ministros que estuvieron a cargo de la poderosa cartera fueron Daniel Arroyo, Juan "Juanchi" Zavaleta, y Victoria Tolosa Paz. En las tres administraciones Pérsico siguió a cargo del Potenciar Trabajo.
Son las provincias de Tucumán con 1.145 empleados que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja, con 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; y Santa Cruz, con 128.
La provincia de Buenos Aires es un caso particular. La decisión del reelecto gobernador Axel Kicillof, fue que cada uno de sus ministros cumpla con la manda judicial. Pero lo hacen de manera lenta. Hasta ahora lo hicieron el Ministerio de Seguridad, 809; Cultura y Educación, 858 y Jefatura de Gabinete, 576. Solo en esas tres áreas ya se identificaron 2.243 personas que cobran el Potenciar Trabajo y son, a la vez, empleados públicos.
A este ritmo, la cantidad de incompatibilidades solo en las gobernaciones -sin contar los municipios- pueden superar largamente a las 20.000 personas. ¿Conocen las autoridades esta anomalía? ¿Punteros políticos cobran las tarjetas de los beneficiarios? ¿Los beneficiarios saben que están incluidos en el Potenciar Trabajo? ¿Hay uno o varios "Chocolate" Rigau que se quedaba con ese cobro? Estas son solo algunas de las preguntas que deberá desentrañar la Justicia federal.
El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de esas diez provincias y solicitó la "suspensión y/o baja de planes sociales", en el marco de la investigación preliminar que instruye caratulada como "Caso Coirón Nro. 234746/2023″.
Cada uno de esos beneficiarios estarían en condiciones de ser dados de baja, un hecho que, según la normativa del programa debería ser automático.
Como adelantó Infobae, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello ordenó una "auditoría de cero". Los datos de Marijuan podrían ser de suma importancia.
