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Discriminación

Mendoza: más de 600 docentes no puede trabajar porque no les dan el apto físico

La situación de docentes que no obtienen el apto físico, continúa. Denuncian casos de discriminación, violencia administrativa y de género. 

Docentes de Mendoza se sienten discriminados.

Docentes de diferentes niveles y modalidades atraviesan una grave situación al no poder trabajar por la negativa de la DGE, particularmente del Área de Salud Laboral, para ejercer darles el apto físico. El reclamo se agudiza y ha derivado en denuncias por discriminación, maltratos y violencia y por obviar la opinión de otros profesionales de la salud ponen en jaque a algunas funcionarias y funcionarios del área.

Es que hay casos en los que se ha negado el acceso al trabajo a personas por tener problemas de salud que, al ser mencionados de manera peyorativa, generan discriminación. "Una se sometió a un Bypass gástrico porque no le daban el apto por obesidad y para cuando volvió a salud laboral y luego de haber descendido más 60 kilos le devolvieron nuevamente un no apto por cuerdas vocales", explicó una de las voceras.

Ahora, desde la DGE prometieron un encuentro con una representante del Ministerio para escuchar los reclamos.  Las dificultades a la hora de obtener el apto físico se repiten.

La mayoría de las afectadas son mujeres y los principales motivos por lo que se les niega la posibilidad de trabajar frente al aula -para lo cual todas dedicaron años de su vida estudiando- son por malnutrición (sobrepeso) y problemas en las cuerdas vocales. Uno de los puntos de conflicto es que en muchos casos al realizar interconsulta con médicos particulares  dan cuenta de que son personas aptas para la función docente, profesionales de Salud Laboral responden una y otra vez que no. 

Las más de 600 docentes enviaron una carta documento al ex director General de Escuelas José Thomas pero la misma no fue respondida. En la Legislatura, el caso llegó a la Comisión de Derechos y Garantía que dictaminó y logró aprobar en diputados un pedido de informes a la DGE sobre el procedimiento y criterios utilizados por los profesionales de Salud Laboral, así como la preocupación por la situación de discriminación y la falta de respuestas ante el derecho a trabajar vulnerado por el propio Gobierno. 

 Tras la asunción de Tadeo García Zalazar como nuevo ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, se esperan algunos cambios en el área y las docentes afectadas esperan que esto permita traerles alguna solución. Si bien, desde la DGE aseguran que aún falta que se realicen nombramientos, el primer logro fue una primera entrevista con la secretaria del ministro.  "Hay casos, testimonios, que merecen ser escuchados. Esto tiene que detenerse. Por eso hemos solicitado al ministro la remoción de la planta de salud laboral", señaló María José, una de las referentes que fue al encuentro.

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