El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura cuestionó duramente la Ley Ómnibus
Expresaron al Congreso su "extrema preocupación por la delegación de facultades legislativas en materia de seguridad"
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) ha expresado su profunda preocupación con respecto a la "Ley de Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos". Su inquietud está especialmente en los capítulos "Seguridad Interior" y "Salud Pública", donde las reformas propuestas podrían ampliar los motivos para la privación de la libertad y restringir el acceso a la justicia en casos de violencia institucional.
El CNPT y el Consejo Federal de Mecanismos Locales enviaron una nota al Congreso expresando su preocupación por la delegación de facultades legislativas en materia de seguridad, según lo establecido en el artículo 3 del proyecto de la mencionada ley.
En relación con las manifestaciones y protestas, adviertieron que las reformas propuestas limitarían el derecho a las manifestaciones públicas y criminalizarían conductas propias de cualquier manifestación. También señalaron problemas relacionados con la ampliación de los tipos penales de resistencia a la autoridad y un control excesivo de las manifestaciones que podría resultar en el uso desmedido de la fuerza y detenciones arbitrarias.
El documento del CNPT destaca la ampliación y agravamiento de la figura de atentado y resistencia a la autoridad, argumentando que las modificaciones propuestas aumentarían las penas de manera desproporcionada en comparación con otras escalas penales.
En cuanto a la legítima defensa, el proyecto de ley busca modificar el Código Penal para reducir la responsabilidad de aquellos que cometan graves excesos en el cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de un derecho. Esto dificultaría la rendición de cuentas posterior al uso de la fuerza por parte de los funcionarios públicos de seguridad.
El comité también señala preocupaciones sobre el incumplimiento de obligaciones internacionales específicas relacionadas con investigaciones imparciales en casos de ejecuciones extrajudiciales y el uso indebido de la fuerza letal.
En relación con la Ley Nacional de Salud Mental, el proyecto propone cambios que podrían suponer un retroceso en los derechos de las personas usuarias, como la eliminación de la prohibición de crear nuevos manicomios, la ampliación de supuestos para la internación involuntaria y la facultad de los jueces para intervenir en internaciones, relegando el papel de los equipos interdisciplinarios. El comité considera que esto contradice los estándares y tratados internacionales en la materia.
