Ley Ómnibus: qué pasará con las obras públicas en el país y en San Juan

El dictamen de mayoría que La Libertad Avanza finalmente logró aprobar en la madrugada del miércoles en el plenario de comisiones de Diputados, mantuvo la potestad del Poder Ejecutivo de renegociar o rescindir contratos vigentes con el Estado, entre los cuales se encuentran los de obra pública. El artículo 33 del texto original de la Ley Ómnibus había encendido alarmas en los gobernadores, entre otros motivos, por la posible paralización de obras financiadas por la Nación en sus provincias. A la preocupación de los mandatarios, se sumaron las objeciones de la oposición dialoguista por la amplitud de las facultades de revisión de contratos que le otorgaba al Presidente, el mensaje de "inseguridad jurídica" que daba, así como la litigiosidad que podría generar "por la responsabilidad contractual".

Ese artículo 33 -que pasó a ser el número 28 en el dictamen que recogió 55 firmas del oficialismo y aliados- involucra, además de los contratos para la provisión de bienes y servicios, concesiones y construcción de obras públicas. Su alcance abarca tanto a las que están en ejecución como las que no tenían avance físico al finalizar la anterior gestión, pero que ya estaban licitadas. El argumento esgrimido por el gobierno de Javier Milei para revisar o rescindir los contratos es que le habrían "generado un perjuicio al Estado". Si bien tanto los integrantes del PRO, como la UCR y el bloque de Hacemos Coalición Federal acompañaron con su firma en general, presentaron 34 disidencias parciales. Entre ellas, una referida a este artículo contenido en el capítulo VIII de Contratos Vigentes, que no está en el paquete fiscal que el ministro de Economía, Luis Caputo, informó que retirarán del dictamen.

El artículo referido a los Contratos Vigentes tuvo tres modificaciones en relación al original, a pedido de la oposición acuerdista. Por un lado, limitó los contratos sujetos a revisión o rescisión a los que "generen erogaciones significativas a cargo del Sector Público Nacional", pero sin especificar qué monto se considerará "significativo".

También incorporó, a pedido de la UCR, que exista un dictamen previo de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) antes de la posible rescisión o renegociación, y excluyó a los que cuenten con financiamiento internacional. Entre los bloques opositores acuerdistas apuestan a que, de acá a la sesión del martes, haya cambios. "Nuestras disidencias se las manifestamos al oficialismo en la inteligencia de que muchas se resolverán antes de llegar al recinto", le dijo Cristian Ritondo, jefe de esa bancada, a Infobae.

En línea con lo reclamado por los diputados dialoguistas, la reescritura del artículo limitó el alcance de la revisión de los contratos firmados antes del 10 de diciembre, excluyendo suministros, compraventa y consultorías, entre otros. Pero mantuvo las concesiones y licitaciones de obra pública. Ante el pedido opositor de "una versión más acotada", el oficialismo prometió una nueva versión del artículo que estaría este fin de semana. En la oposición dialoguista mantienen la cautela y están a la espera de una nueva versión antes de la sesión. De hecho, el viernes circuló un borrador no oficial con una reescritura de ese artículo que incorporó "respetar los derechos adquiridos de los contratistas".

Las obras que quedarían frenadas

Según el análisis realizado por Infobae del Mapa de Inversiones on line implementado por el ex Ministerio de Obras Públicas, el total de obras públicas durante la anterior gestión asciende a 7.276 en todo el país financiadas por el Gobierno nacional. El número incluye a las de AySA, Vialidad Nacional, Corredores Viales SA, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y la Dirección Nacional de Infraestructuras del Transporte, entre otros organismos. De esa cifra, 4.494 ya estaban finalizadas al terminar la gestión anterior, según informaron desde esa cartera a cargo de Gabriel Katopodis hasta el 10 de diciembre de 2023.

Otras 2.185 obras estaban en ejecución, con una inversión prevista de $309.899 millones. Sin embargo, 435 no tenían avance físico, o sea no habían comenzado las obras al 6 de diciembre último, según los datos publicados en ese sitio web oficial. Son las que, desde La Libertad Avanza, habían adelantado que el Estado no llevaría adelante por falta de recursos, pese a haber sido licitadas. Quedan exceptuadas las 10 en ejecución que contaban con financiamiento externo.

De esa cifra, 132 están ubicadas en la Provincia de Buenos Aires; 36 en Córdoba; 26 en Santa Fe; 25 en Entre Ríos; 24 en Chaco; 23 en Santa Cruz; 22 en Misiones; 21 en Santiago del Estero; 17 en Tucumán; 15 en Salta; 13 en Chubut, 11 en Catamarca. Excepto Córdoba, el resto tenían mandatarios peronistas o aliados hasta el 10 de diciembre.

Otras 11 están localizadas en Corrientes; 10 en Mendoza; 8 en La Rioja; 6 en Jujuy, en Neuquén, en Río Negro y en San Juan; 5 en CABA; 4 en San Luis; 3 en Formosa y en La Pampa; y 2 en Tierra del Fuego.

Casi la tercera parte (150) de las obras que no tienen avance físico son del sector de agua y cloacas, cuyo futuro quedó en stand by. En su mayoría (66) están ubicadas en la provincia de Buenos Aires. Otras 82 obras de arquitectura están sin avance y van desde playones deportivos y parques urbanos, hasta una unidad penitenciaria en el Gran Buenos Aires, y 21 centros de desarrollo infantil (CDI), de los cuales 9 están en Chaco, 4 en Misiones y el resto en distintas provincias del país.

A su vez, hay 82 obras viales cuya construcción no había arrancado al momento del cambio de gobierno; 70 de equipamiento urbano, 15 de educación, 12 de vivienda y 8 de recursos hídricos. Por último, 3 del área de la Salud no habían arrancado y todo indicaría que el Estado no va a financiar: un centro de salud modular en CABA, otro La Rioja y el tercero en Santa Cruz.

Las obras en ejecución

Desde el Ministerio de Infraestructura le dijeron a Infobae el jueves - horas antes de que Milei echara a Ferraro- que el futuro de esas obras ya empezadas "dependerá del grado de avance".

De las 2.185 obras que estaban "en ejecución" en todo el país al finalizar la gestión de Alberto Fernández, el 20% (447) tiene más del 80 % de avance; el 22% (485) entre el 50% y 80% de avance; el 17% (368 obras) entre el 30 y 50% de avance; y el 41% (855) tiene menos del 30% de avance físico. Casi la mitad (1.050) tenía fecha de finalización en 2023 y 957 debían comenzar el año pasado, según el análisis hecho por Infobae de la base de datos del Mapa de Inversiones on line implementado del ex ministro Katopodis para transparentar el proceso de ejecución de las obras.

Las que al 10 de diciembre tenían algún grado de avance físico suman 1.842 en todo el territorio nacional. De esta cantidad, 806 son de aguas y cloacas; 343 de arquitectura, que incluyen 197 centros de desarrollo infantil; 163 redes de provisión de agua potable; una cifra similar de redes de desagües cloacales; y 111 de pavimentación de calles.

Otras 299 son obras viales: desde ampliaciones de autopistas como la de La Plata, Corrientes Capital o en la ciudad de Formosa, hasta repavimentaciones de rutas, incluyendo 31 obras nuevas de caminos y puentes.

En el Mapa de Inversiones aparecen otros 131 proyectos en ejecución con distinto grado de avance de equipamiento urbano, básicamente cordones-cunetas, veredas e iluminación. Además, hay 57 son obras hídricas, 42 de educación, 34 de salud y 4 de vivienda. Finalmente, 126 están sin especificar.