Es necesario parar el endeudamiento para pagar servicios públicos y/o su suspensión

No es una novedad y está sucediendo desde mediados de 2018 que la gente está endeudándose para pagar servicios ¿"públicos"? Al contrario son empresas que se constituyen en monopolios naturales, por lo cual tiene que intervenir el Estado regulando el precio (tarifa), y para eso hay instrumentos como Audiencias públicas y otras salvaguardas más, que llevan adelante los entes reguladores.

Sin embargo esto ya no alcanza. La pandemia mundial por COVID19 pegó otro gran revés a la economía doméstica y han causado un panorama socio-económico crítico.
La verdad es que más del 50% de los argentinos han visto su capacidad adquisitiva reducida, prácticamente en un proceso de pauperización. A duras penas alcanza para comprar los alimentos, y en muchos casos la canasta básica familiar es adquirida con tarjetas de créditos que luego resultan insostenible su pago por los intereses que genera, y por supuesto esto encarece mucho más el poder alimentarse.

Lo mismo sucede con los servicios, informes de prestigiosas consultoras advierten que existe una mecánica de endeudamiento para pagar la energía eléctrica, gas y otros servicios. La gente recurre a préstamos de préstamos para hacer planes de pagos que terminan en cuotas carísimas, que se le suman también a los consumos mensuales. Es un círculo vicioso interminable.Y quienes han rebasado ya esta capacidad, o que acumulan facturas impagas sufren las suspensiones de los servicios.Y en el peor de los casos la gente se queda sin gas, se quedan sin electricidad; y en la desesperación, recurren a métodos ilegales como las conexiones clandestinas que también terminan en electrocuciones y muerte.
Y me pregunto ¿Dónde está la aplicación de la teoría que establece que los servicios públicos son derechos humanos? Porque la electricidad o el agua potable son servicios esenciales. Imagínense familias con niños sin electricidad que pueda encender heladeras, luces, ventiladores, cocinas eléctricas, etc.

En definitiva, hay que tener en cuenta que es necesario determinar que estamos en una emergencia socio – económica, y también sanitaria, y que es necesario que el Estado arbitre medidas eficaces y expeditivas que amparen a estos sectores que están en grave vulnerabilidad. Que no solamente son sectores excluidos del sistema de trabajo formal, también se trata de empleados en blanco tanto del mismo sector público, como del privado y ni hablar de los jubilados.

En definitiva tener energía eléctrica, agua potable gas y/o internet son derechos esenciales básicos. Son necesarios para garantizar el desarrollo digno y pleno de las personas. La suspensión de cortes en esta coyuntura económica, debe ser una política de Estado para los sectores que más están sufriendo, y sobre todo notificar a los directorios de los monopolios de las empresas de energía que como dijo el Presidente de la Nación: "Muchachos es hora que ganen menos".