Causa Vialidad: se define la situación judicial de Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal dará inicio el próximo lunes 26 de febrero a las audiencias preliminares para decidir sobre las condenas a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. Además, deberá resolverse la responsabilidad de otros acusados en relación con presuntos delitos vinculados a la obra pública nacional en Santa Cruz.

El tribunal —máximo referente penal federal en Argentina— se dedicará a escuchar los cuestionamientos de las partes involucradas respecto al fallo del Tribunal Oral Federal 2, aún no firmado, que impuso a la ex Presidenta una condena de seis años de prisión por "administración fraudulenta agravada". Sin embargo, la absolvieron del cargo de asociación ilícita.

La exposición inicial ante Casación estará a cargo del fiscal Mario Villar, quien apelará la sentencia de su colega Diego Luciani, solicitando la revocación de absoluciones y la condena por asociación ilícita. Luciani había propuesto una pena de 12 años de cárcel para Cristina Kirchner, una petición que se espera que Villar respalde ante los jueces de Casación: Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

Por su parte, la defensa de la ex mandataria —ya sin fueros— buscará la revocación de la condena por administración fraudulenta, argumentando la falta de pruebas directas y la supuesta arbitrariedad de los jueces en su actuación.

El veredicto del Tribunal Oral Federal 2, emitido el 6 de diciembre de 2022, dividió opiniones en relación con la condena por asociación ilícita. Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a Cristina Kirchner y otros imputados de este cargo, mientras que el tercer magistrado, Andrés Basso, votó a favor de la condena.

Todos coincidieron en señalar la existencia de delitos de administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas a empresas vinculadas a Lázaro Báez, incluyendo "Austral Construcciones", con un perjuicio significativo a las arcas públicas. Este actuar se describió como un "hecho de corrupción estatal" con un "fin económico" en beneficio del empresario y sus socios comerciales.

Los condenados, además de Cristina Fernández de Kirchner, incluyen a Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti, entre otros ex funcionarios de Vialidad. Las penas oscilan entre 3 y 6 años de prisión por delitos relacionados con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.