Tras la polémica fiesta de Jorge Olivera detuvieron a Gustavo de Marchi
El TOF de San Juan dispuso su arresto domiciliario provisorio.
Tras haber participado en la fiesta de su cómplice Jorge Antonio Olivera le trajo consecuencias al represor Gustavo Ramón de Marchi. Aunque se encontraba en libertad porque el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan consideraba que no estaba en condiciones de enfrentar el proceso penal, su suerte cambió drásticamente. Después de que se hicieran públicas fotos en las que se lo veía conversando animadamente en la fiesta del 3 de febrero pasado, la fiscalía solicitó la detención de De Marchi. En las últimas horas, el juez Raúl Fourcade ordenó su arresto domiciliario provisional.
Según la resolución obtenida por Página/12, De Marchi no podrá salir de su casa en el partido de Pilar, y la Policía Federal Argentina (PFA), a través de la seccional Campana, estará a cargo de vigilarlo mediante rondines y llamadas telefónicas.
En diciembre de 2022, De Marchi se enfrentaba a su tercer juicio. La fiscalía había pedido una condena a cadena perpetua. Sin embargo, el TOF de San Juan suspendió el proceso en su contra y ordenó su liberación inmediata.
En ese momento, el TOF de San Juan se basó en las conclusiones del Cuerpo Médico Forense (CMF), que indicaban que De Marchi sufría de múltiples patologías y no estaba en condiciones de comprender las acusaciones en su contra ni de defenderse. En julio del año pasado, la Sala III de Casación, con los votos de Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, anuló la decisión del TOF de San Juan y ordenó que se dicte una nueva sentencia. En resumen, los dos camaristas señalaron que De Marchi podría ser excluido de un proceso debido a su incapacidad, pero esto no significaba el fin de las consecuencias legales.
Después de que se revelara que De Marchi había asistido a la fiesta de Olivera, el fiscal Francisco Maldonado solicitó al TOF que hiciera cumplir el fallo de Casación y ordenara la detención del represor. En su presentación, advirtió que, siete meses después del fallo de Gemignani y Borinsky, no se habían tomado medidas al respecto. Estas medidas se tomaron el pasado viernes, lo que fue un duro golpe para De Marchi.
El martes pasado, el TOF de San Juan ordenó un nuevo examen físico para De Marchi. La fiscalía solicitó que se evaluara si podría haber simulado su estado en 2022. El fiscal Dante Vega, a cargo de la unidad de asistencia en casos de violaciones a los derechos humanos de Mendoza, pidió a los expertos que analizaran cómo se veía en la fiesta de Olivera.
Olivera y De Marchi son una pareja consolidada, por lo que no sorprendió que De Marchi fuera uno de los invitados de honor a la fiesta con la que Olivera y Marta Ravasi celebraron sus 50 años de matrimonio. Durante los años del terrorismo de Estado, coincidieron en el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 de San Juan. Allí, De Marchi formaba parte de la Plana Mayor, mientras que Olivera era el oficial de inteligencia (S2). En julio de 2013, ambos fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. Pocos días después, lograron que los trasladaran a Buenos Aires y los llevaran a una consulta en el Hospital Militar Central, desde donde escaparon. La justicia investigó el papel de Ravasi como presunta facilitadora, ya que trabajaba como psicóloga en el centro médico.
De Marchi logró mantenerse prófugo hasta diciembre de 2015, durante ese tiempo, viajó por Brasil y Uruguay. Sin embargo, fue encontrado por la Policía Federal, que actuaba en una investigación dirigida por el fiscal Franco Picardi, en el barrio de Almagro, cerca de la casa de su hermana. Con el paso de los años, De Marchi aún lamentaba haber bajado la guardia.
Para entonces, De Marchi solo tenía una condena de 25 años de prisión. En 2018, fue condenado nuevamente, esta vez a cadena perpetua. En diciembre de 2019, cuando Alberto Fernández asumió la presidencia, inició una huelga de hambre desde el Hospital Penitenciario de Ezeiza. Poco después, debido a la pandemia, la Casación ordenó que De Marchi fuera enviado a su casa.
El TOF aún debe decidir sobre la situación de Olivera, quien también está bajo arresto domiciliario gracias a la intervención de Casación. Los sobrevivientes han pedido que se le revoque esta medida. Por su parte, la fiscalía ha solicitado que se le prohíba seguir organizando fiestas, que no pueda recibir en su casa a condenados, procesados o imputados por crímenes de lesa humanidad, y que se intensifiquen los controles sobre él.
*Con información de Página 12
