Amenaza de bomba: el juez autorizó la incautación de datos de 26 efectos incautados
La fiscal Daniela Pringles señaló que el juez hizo lugar al pedido de Fiscalía y que queda pendiente un recurso interpuesto por la defensa.
El Ministerio Público Fiscal continúa con las investigaciones en relación a las tres amenazas de bomba recibidas en Tribunales, el Centro Cívico y el Centro de Salud Báez Laspiur. En relación a este caso, hay una persona detenida y la doctora Daniela Pringles proporcionó detalles sobre el proceso.
"Recientemente tuvimos una nueva audiencia, solicitada por el Ministerio Público Fiscal, con el fin de obtener la orden judicial necesaria para acceder a los dispositivos secuestrados y recabar la evidencia digital contenida en ellos. Esta orden es fundamental para llevar a cabo la incautación de datos, conforme lo establecido en el Código de Procedimientos", explicó la abogada a Telesol Noticias.
Pringles enfatizó la importancia de la autorización judicial para avanzar en el proceso. "La Fiscalía solicita esta autorización mediante una resolución, y en la mayoría de los casos, el juez la otorga por escrito. Dada la magnitud y la trascendencia del caso, el juez consideró que sería más adecuado resolverlo en una audiencia con la participación de la defensa", agregó.
"El juez autorizó la incautación de datos de un total de 26 dispositivos y chips secuestrados. Además, la defensa, aprovechando el carácter multipropósito de las audiencias en el sistema acusatorio, volvió a solicitar la revocación de la prisión preventiva del imputado", continuó.
Daniela Pringles informó que el juez accedió al pedido de la Fiscalía, y que actualmente está pendiente un recurso presentado por la defensa, que está en proceso. "Hemos obtenido testimonios muy útiles y hemos recolectado material audiovisual. También hemos trabajado directamente en el CISEM, revisando cámaras de seguridad para determinar la presencia o ausencia de personas. Estamos en proceso de recopilación de toda esta información", concluyó.
¿Qué dijo el sospechoso?
Eduardo Bazán, de 65 años, se encuentra bajo investigación por parte de la Justicia de San Juan debido a los llamados de amenaza de bomba realizados en diversos lugares de la provincia. Se lo acusa de generar alertas y movilizar a las fuerzas de seguridad por supuestas explosiones en el Centro Cívico, el centro de salud Báez Laspiur y Tribunales el pasado 22 de marzo.
El imputado fue detenido como resultado de las investigaciones llevadas a cabo por la Policía de San Juan en un departamento ubicado en la calle Tucumán al 1300 Norte, en Concepción. Actualmente, Bazán se encuentra bajo custodia.
En relación al caso, la Justicia ha ordenado la prisión preventiva por un periodo de 30 días y ha iniciado una investigación de un año sobre Eduardo Bazán. Ante esto, el abogado defensor del acusado, Jorge Gil, ha sugerido que un conflicto vecinal podría haberlo involucrado en el delito, negando su participación. Sin embargo, la fiscal Pringles ha destacado la importancia de los 11 dispositivos electrónicos y 13 envoltorios de chips prepagos secuestrados, que considera fundamentales para la detención del acusado.
