Frenos y contrafrenos al absolutismo de la oligarquía argentina

En su obra "Espíritu de las leyes", Montesquieu pensaba que «todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites». De ahí la necesidad de que en los gobiernos democráticos el poder se divida en tres funciones: legislativo, ejecutivo y judicial y actúen como una suerte de frenos y contra frenos, que impida los abusos del poder absoluto.

A fin de que esto no suceda, cada función del poder está reglamentada por la Constitución Nacional. Desconocer este principio conduce a un conflicto y a poner en riesgo el sistema democrático. Por ello los funcionarios que atenten contra este orden, deben ser removidos.
Sucede que en nuestro país las últimas estadísticas del avance del COVID 19 muestran más de 600 muertes en un día, el sistema de salud está exhausto, y si bien la vacunación avanza, en plena 2° ola hay días que todos los esfuerzos parecen en vano.

El Presidente Fernández, en virtud al poder conferido legal y legítimamente por el voto popular y a su discrecionalidad, impulsa medidas como la suspensión de clases presenciales en los lugares más afectados, así como declarar servicio público el internet y la telefonía. Medidas que protegen y generan igualdad de oportunidades en un país que lucha sin descanso contra una situación socio-económica desfavorable, heredada de la gestión macrista y agudizada por la nueva emergencia sanitaria.

Ante esta situación, la derecha oligárquica activa su brazo político, Juntos x el Cambio, y todo su aparato mediático llamando a desobedecer. Sus cabezas de jurisdicciones hacen caso omiso a las medidas de protección y politizan la vía judicial imponiendo fallos irrisorios que dejan sin efectos medidas que legalmente están en ámbito de acción del Poder Ejecutivo.

Tomando esta actitud los magistrados de la Corte Suprema, claramente atentan contra los principios republicanos y democráticos; y los derechos del Pueblo. Es acertada la consideración de la Vice Presidenta CFK al asemejar esta intervención de la Corte, con un Golpe al Estado de derecho.

Atendiendo entonces, al sistema de frenos y contra frenos de Montesquieu, el Congreso es el que debe tomar cartas en el asunto, no solo para actualizar la normativa que demanda la emergencia, sino también poniendo la lupa en aquellos que bajo el paraguas del poder económico, político y mediático no hacen más que una flagrante violación de los principios constitucionales de una democracia popular.

Reconstruir y poner de pie a la Argentina implica inherentemente revisar la génesis de la puja distributiva y sus personeros, definiendo responsabilidades aunque a veces el poder económico – mediático tienda a deformarlo y taparlo. Para ello la unidad del campo nacional y popular, será la forma de contrarrestar ese poder ilegitimo que COMO UN VIRUS CRONICO en nuestro país golpea al pueblo siempre detentando ser absoluto.