Indagarán a los tres empleados de Ambiente involucrados en una causa por presunto contrabando
El fiscal Francisco Maldonado elevó la solicitud al juez Leopoldo Rago Gallo. Ellos tendrán la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y explicar la situación o abstenerse de hacer algún tipo de declaraciones.
Días atrás, personal de Gendarmería apostado en el resguardo aduanero de Las Flores, en el departamento Iglesia, detectó un caso controversial que involucra a tres empleados estatales en una presunta tentativa de contrabando. Las autoridades judiciales de la provincia llevan a cabo una ardua investigación para determinar las circunstancias del hecho.
Todo comenzó cuando las autoridades se percataron del comportamiento sospechoso por parte de los ocupantes de una camioneta Toyota Hilux y decidieron entrevistar a los ocupantes. Cuando solicitaron al conductor que abriera todos los compartimientos del vehículo para un control de rutina, este optó por una maniobra evasiva y emprendió la huida hacia Chile. Sin embargo, la fuga fue interceptada a unos siete kilómetros del lugar.
En el interior del vehículo, los gendarmes encontraron ocho cubiertas de origen extranjero y descubrieron que la camioneta estaba identificada como propiedad de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Los trabajadores del Estado fueron identificados como Walter Irrazabal (conductor), Víctor Ponce (acompañante) y José Luis Ontiveros, quien no iba en la movilidad pero se hizo presente en el lugar diciendo que era jefe de los otros dos implicados y que él había encontrado los neumáticos en el camino. Los tres fueron apartados de sus tareas provisoriamente tras conocerse el escándalo.
Actualmente, pesa sobre ellos una causa penal por tentativa de contrabando. El Código Aduanero establece un castigo de 4 a 10 años (una eventual condena será de cumplimiento efectivo) cuando los participantes del hecho sean tres o más personas o fuesen funcionarios o empleados públicos "en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo".
Por su parte, el fiscal Francisco Maldonado le solicitó al juez Leopoldo Rago Gallo, del Juzgado Federal Nº2, que indague a los tres implicados. Ellos tendrán la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y explicar la situación o abstenerse de hacer algún tipo de declaraciones.
