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Investigación

Escándalo por una posible estafa por servidumbres mineras que involucra al Estado sanjuanino

La acusación reacae sobre Fiscalía de Estado, el exfiscal Jorge Alvo, el abogado Sergio Bloise, la ex minera Barrick y el Ministerio de Minería. La suma en juego alcanza el millón de dólares.

Tras una exhaustiva investigación que abarcó meses y múltiples fuentes consultadas, se descubrió lo que podría desencadenar en otra mega causa judicial en San Juan. Todo indica que se está gestando un escándalo relacionado con una posible estafa a un privado, llevada a cabo con la complicidad del Estado, que involucra una millonaria indemnización a pagar por la ex minera Barrick.

Según indicaron las fuentes, esta situación estaría vinculada a las presuntas acciones del abogado Sergio Bloise, quien parece moverse entre dos bandos con un conflicto de interés palpable. El foco principal está puesto directamente en la Fiscalía de Estado y el exfiscal Jorge Alvo, quien habría avalado la intervención del letrado que, además de ser empleado estatal, ostenta el cargo de apoderado de la Minera MAS (ex Barrick).

El caso en cuestión gira en torno a una disputa por una servidumbre minera, la cual está bajo la jurisdicción del Ministerio de Minería de la provincia. Al parecer, un presunto error (deliberado o no) habría permitido que la minera internacional usurpara un terreno privado durante más de dos décadas sin pagar compensación alguna.

Lo más preocupante es la presunta mala fe procesal de Bloise, quien habría intentado confundir a la justicia para favorecer a la firma. Sin embargo, existe documentación que sugiere que la empresa no contaba con los derechos legales para operar en el terreno en cuestión, a pesar de los esfuerzos de su abogado por demostrar lo contrario.

Casi veinte años después, el propio Estado sanjuanino alertó la situación en la que un aparente "error" por un fundo lindante hizo que la empresa internacional lograra un ahorro de casi un millón de dólares. Esta justificación despierta dudas sobre lo que podría ser un oscuro negocio jurídico entre actores privados y estatales y la sombra de la mega causa de las Expropiaciones (hoy en juicio tras más de 10 años de espera) se ciñe sobre el caso. Las graves implicaciones éticas y legales de esta situación exigen una investigación exhaustiva y transparente por parte de la justicia sanjuanina.

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