Nueva Caso YPF: piden embargar Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, el BCRA y hasta los satélites

Burford Capital va por todo. El fondo buitre vencedor en el juicio contra Argentina por la manera en que el país reestatizó YPF en 2012, no sólo quiere que se habiliten embargos sobre las acciones de la petrolera en posesión del estado nacional, sino que además busca que se tomen en cuenta también los papeles que el país posee Aerolíneas Argentinas, ARSAT, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Banco Nación y Enarsa.

El fondo presentó un escrito en las últimas horas en el juzgado de Primera Instancia de la Segunda Sección de Nueva York que maneja Loretta Preska, para que se considere a las acciones que la República Argentina tiene en estas sociedades como un "Alter Ego" del país. Y que, en consecuencia, esas posiciones sea consideradas como parte de los bienes del estado argentino. Y, luego, embargables como garantía que el país cumplirá el compromiso de pagarle al demandante, los US$ 16.000 millones más intereses que Burford y Eton Park (como minoritario) que Preska consideró como acreencias de los dos fondos que vencieron en el juicio.

La jueza de Nueva York, que determinó que la demanda de Burford y Eton es correcta y falló en contra del país, decisión que el país llevó a la segunda instancia de la Cámara de Apelaciones de Nueva York; ahora debe resolver el reclamo de los dos fondos que quieren garantizarse el futuro cobro, embargando bienes de Argentina. En marzo habían presentado la alternativa de considerar como "Alter Ego" del país las acciones de YPF, y ahora amplían el reclamo a esas otras sociedades en poder todo o en parte del estado argentino.

Preska también tiene que resolver otra cuestión planteada por Burford Capital y su socio en la demanda, Eton Park: el cálculo de intereses que el país deberá pagar por haber decidido apelar ante la segunda instancia judicial de los Estados Unidos. Según la jueza, en principio los intereses acumulados hasta la fecha llegarían a los 545.084.808 dólares; con lo que el dinero que se le debería pagar a los demandantes que vencieron en la primera instancia superaría hoy los U$S 17.000 millones.

Esto es, los Estados Unidos. La justicia toma habitualmente el rendimiento de los bonos a 10 años emitidos por el gobierno de ese país durante el año en curso de la aplicación de la demanda, con lo que el cálculo  final sería algo más de 500 millones de dólares extras que habría que sumarle al reclamo original habilitado por la jueza Loretta Preska.

Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. La base de la demanda es por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías ya quebradas, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner habilitó su ingreso como socios locales de la petrolera.

El Grupo Petersen quedó absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle a Petersen.