El Gobierno denunció el robo de más de 250 notebooks valuadas en $290 millones

El Gobierno denunció un robo de notebooks en el ex Ministerio de Cultura de la Nación durante el mandato de Alberto Fernández. Se trata de un faltante de $290 millones utilizados en una compra de computadoras.

"Nos encontramos ante un gravísimo delito en perjuicio del erario público, por cuanto se habrían sustraído decenas de computadoras del Ministerio de Cultura durante la gestión anterior, y todo ello, ante las narices de los funcionarios a cargo de la custodia", comienza la presentación judicial del Ministerio de Capital Humano.

De acuerdo a la información trascendida, indicaron que "se trata de equipos marca Lenovo ThinkPad E15 Gen 4, por los que la administración pública habría pagado U$S1.030 cada uno, por lo que se estima que el perjuicio patrimonial asciende a U$S181.280, lo que hoy equivale a $290 millones".

El Gobierno asegura que las notebooks no se entregaron a la población

Dentro del expediente, aseguran una recepción de los últimos 200 equipos nuevos recibidos fue el 18/9/23, o sea, menos de tres meses antes de la asunción de Javier Milei. No obstante, desde la cartera que conduce Sandra Pettovello indicaron que "así como ingresaron las notebooks, tuvieron otro destino que no fue justamente el de la repartición pública".

En el relevamiento del Gobierno, confirmaron "un total de 288 computadoras adquiridas por el entonces Ministerio de Cultura, solo 34 estaban asignadas a agentes estatales y se desconocía el paradero de las 254 restantes".

El Gobierno pidió explicaciones por la pérdida de las notebooks

El Gobierno también había solicitado que Ignacio Caamaño, el responsable de la Dirección de Tecnología de la Información del entonces Ministerio de Cultura, informe en dónde se encontraban estos dispositivos. Sin embargo, no recibieron respuesta y Pettovello realizó la denuncia para investigar una "posible comisión del delito de hurto o lo que resulte de la investigación judicial".

Vale destacar que Cultura estuvo en manos del cineasta Tistán Bauer hasta el 10 de diciembre de 2023, aunque la Justicia deberá establecer si tenía conocimiento de este hecho que se caratuló como "hurto e incumplimiento de los deberes de funcionario público".