Las graves consecuencias que sufrió el área de discapacidad por los severos ajustes
Las últimas actualizaciones que otorgó el Gobierno de Milei acompañaron a la inflación, pero aún resta llegar a una recomposición arancelaria.
La Ley 24.901 establece que debe existir un sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Estos servicios, sin embargo, parecen estar yendo a un inevitable colapso debido a la crisis que arrastran desde hace décadas y que sólo se profundiza. Cada vez más prestadoras quiebran y las consecuencias en la salud de sus beneficiarios son determinantes.
Fernando Gantesti, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Transportistas para personas con Discapacidad (ATAECaDis), comentó a MDZ que en marzo el nomenclador (que determina el precio de los servicios de las prestadoras) recibió una actualización del 12%, el cual, sin embargo, funcionó como retroactivo: se cobró este mes. Y el último ajuste, también del 12% y que recayó para abril, se verá recién en junio.
Hay un desfasaje en el sistema que ignora tanto las necesidades de los pacientes como la realidad que viven las prestadoras. Estas asistencias a discapacidad deben ser cubiertas por las obras sociales y prepagas, con un reintegro casi en su totalidad por parte del Estado (a través de la Agencia Nacional de Discapacidad). Quien determina el costo de esos servicios debería ser la ahora Secretaría de Salud, evaluando junto al Foro Permanente de Discapacidad variables tales como: la inflación, costos reales de servicios, población con discapacidad, entre otras.
Tanto durante el Gobierno de Mauricio Macri como el de Alberto Fernández se congelaron las actualizaciones de precios de los servicios. Llegado Javier Milei al poder, y bajo su ambicioso deseo por sincerar a las instituciones estatales, se anunció que la Agencia pasaría a ser autártica, es decir, el Gobierno ya no interviene, y cada aumento que se debe realizar implica una pelea nueva.
