Nueva denuncia contra el ministerio de Capital Humano por un giro de más de $6.700 millones a la OEI
Según la denuncia, "la tercerización de la compra de alimentos a través de la OEI, exenta de auditorías estatales argentinas, y la transferencia de fondos sin la firma del jefe de Gabinete, constituyen un incumplimiento de los deberes de funcionario público".
El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, está bajo la lupa de la justicia por una transferencia de $6.772.500.000 a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la compra de aceite y lentejas. Esta transacción, exenta de controles locales, presenta presuntas irregularidades.
La reciente denuncia pone en tela de juicio los métodos de adquisición de alimentos por parte del gobierno, sumándose a anteriores controversias sobre sobresueldos.
Razones de la denuncia
El convenio con la OEI, que permite licitaciones sin control local, no sería el único de los puntos conflictivos. Cualquier compra estatal que supere los $2.700.000.000 requiere la firma del jefe de Gabinete, que en ese momento era Nicolás Posse; sin embargo, la resolución solo lleva la de la ministra Pettovello, fechada el 6 de marzo.
El abogado Leonardo Martinez Herrero, quien recientemente presentó otra denuncia sobre presunta asociación ilícita, cohecho y malversación de fondos, es el responsable de esta nueva acusación. La adjudicación detallada en la notificación LPN 01/2024 incluye:
Aceite de girasol en botellas de 900 ml:
481,650 unidades a TANONI HNOS. S.A.
673,350 unidades a VALQUIRIA S.A.S.
495,000 unidades también a VALQUIRIA S.A.S.
Precio por unidad: $1.490,74.
Lentejas secas en envases de 400 gramos:
231,000 unidades a NOMERO S.A.
524,000 unidades a CAREAGA HNOS Y TEGLIA S.R.L.
495,000 unidades a CAREAGA HNOS Y TEGLIA S.R.L.
400,000 unidades adjudicadas a ALIMENTOS FRANSRO S.R.L. (adjudicación anulada por la OEI).
Precio por unidad: $735,00.
Según la denuncia, "la tercerización de la compra de alimentos a través de la OEI, exenta de auditorías estatales argentinas, y la transferencia de fondos sin la firma del jefe de Gabinete, constituyen un incumplimiento de los deberes de funcionario público". Además, el abogado sugirió que los precios adjudicados podrían ser superiores a los del mercado y solicitó el inicio de una investigación penal.
