Denuncian a Alberto Fernández y a ex funcionarios por aumento irregular de pensiones por invalidez
También fueron acusados los ex directores de la Agencia Nacional de Discapacidad.
El fiscal federal Guillermo Marijuán presentó hoy una denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández y otros ex funcionarios, acusándolos de un aumento desproporcionado de las pensiones por invalidez entre 2020 y 2023.
La denuncia incluye una serie de decretos y resoluciones que habrían flexibilizado los criterios para otorgar estas pensiones, señalando además una maniobra para hacer "favores políticos" a intendentes y gobernadores. Según la denuncia, se encontraron beneficiarios que no solo carecían de la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera presentaban una discapacidad médica. Además, el proceso de otorgamiento, que normalmente podía demorar entre dos y tres años, se redujo a solo tres meses.
Junto a Alberto Fernández, la denuncia se extiende a los ex Directores Ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Flavio Augusto Esposito y Fernando Gastón Galarraga, y la ex Directora Nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas, Paula Martínez.
Marijuán sostiene que entre 2020 y 2023 se implementó un plan sistemático para flexibilizar el proceso de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez, permitiendo una entrega masiva e irregular de estos beneficios con fines políticos. Durante este período, se otorgaron casi 300 mil nuevos beneficios, representando un crecimiento de más del 1500% en comparación con los 79.581 casos asignados en 2003, alcanzando 1.222.882 prestaciones en la actualidad.
La denuncia menciona varias normativas específicas, comenzando con la resolución 8/2020, que permitió iniciar el trámite para acceder al beneficio sin un Certificado Médico Oficial y modificó los parámetros para determinar la situación socioeconómica y de vulnerabilidad. Anteriormente, el beneficiario no debía ser propietario de un inmueble cuyo valor superara el equivalente a más de 400 jubilaciones mínimas o un auto de más de 30 jubilaciones mínimas, pero esta resolución eliminó estos topes.
Asimismo, la resolución 134/2020 eximió a menores de 18 años del Certificado Médico Oficial evaluado por la Coordinación de Fiscalización Médica, y el decreto 7/2023 amplió los criterios para acceder a las prestaciones a personas en situación de vulnerabilidad sin vínculos laborales formales.
Marijuán también cuestionó el decreto 566/2023, que permitió a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad trabajar y cobrar la pensión simultáneamente.
La denuncia enumera todas las modificaciones que facilitaron la obtención de la pensión, como la eliminación del requisito de 76% de incapacidad laboral, la reducción del tiempo mínimo de residencia de extranjeros de 20 a 10 años, y cambios en la definición de vulnerabilidad.
El segundo tramo de la denuncia se enfoca en los "favores políticos", destacando 259 operativos de alta masiva de pensiones en provincias gobernadas por el peronismo, como Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones y Buenos Aires. En provincias con gobernadores opositores, como Corrientes, se habrían coordinado estos planes con los intendentes.
Alberto Fernández encabeza la lista de funcionarios denunciados por esta maniobra, considerada como defraudación a la administración pública. Marijuán afirma que se dictaron normas que eliminaron inexplicablemente la condición de invalidez como requisito, permitiendo así que las prestaciones llegaran a personas que no cumplían con los requisitos legales, en una búsqueda de popularidad a expensas del dinero público.
Además del aumento de pensiones, se detectaron irregularidades graves, como certificados acompañados por radiografías de animales o poemas en lugar de estudios médicos adecuados.
