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El Gobierno liberó las tarifas de Internet, celulares y TV por cable

La decisión publicada en el Boletín Oficial, fue tomada por los tres interventores del ENACOM que regula las telecomunicaciones.

El ENACOM (Ente Nacional de Telecomunicaciones) eliminó todas las regulaciones que le ponían tope a las tarifas de los servicios de internet, telefonía celular y televisión por cable, liberando de manera total la posibilidad de que las empresas puedan aumentar sin límites las facturas de esos servicios.

Mediante la Resolución 13/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno que conduce Javier Milei derogó 13 resoluciones anteriores, desregulando de manera prácticamente total las tarifas del sector.

Con la nueva disposición, las empresas de telecomunicaciones recuperan la capacidad de fijar libremente sus precios, algo que el organismo regulador justifica como necesario para "salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia".

La resolución marcará un cambio significativo en la política regulatoria del sector de las telecomunicaciones en Argentina.

Según explica la misma resolución, según la Procuración del Tesoro de la Nación "el cambio de ordenamiento jurídico hace que deje de ser válido sin quedar totalmente extinguido". Por ese motivo fue necesario emitir otra resolución "que pronuncie su extinción, sea por la administración o por la justicia".

En otro tramo del documento, explicitan que tal como surge del DNU N° 302/2024 "Los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar sus precios libremente".

El objetivo del ENACOM durante su intervención será realizar una auditoría de la gestión durante el gobierno de Macri y se revisarán las acciones realizadas durante la presidente de Alberto Fernández.

A su vez, el Gobierno dispuso que se deberá efectuar un relevamiento y evaluación de la estructura organizativa de dicho ente, a efectos de propiciar su reorganización funcional y operativa, conforme las competencias asignadas por las Leyes N° 26.522 y N° 27.078 y sus modificatorias, procurando fomentar su profesionalización y eficiencia.

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