El Gobierno español prorroga un año más la "ley de nietos"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se prorroga un año más, hasta el mes de octubre de 2025, la posibilidad de adquirir la nacionalidad española para los descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo.

La norma contempla que la solicitud de la nacionalidad debería formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática el 21 de octubre de 2022. Al terminar este plazo, el Consejo de Ministros podría acordar su prórroga por un año, como ha sucedido. De modo que, el próximo año será el último en el que los descendentes de los exiliados puedan obtener la doble nacionalidad.

La conocida como "ley de nietos" es la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática que establece que "los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española".

También se incluyen a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978; y los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen.

300.000 solicitudes en dos años

Torres se ha mostrado convencido de que la prórroga es una "magnífica noticia" que "será aplaudida por los españoles que vuelven a asumir que son de nuevo españoles con todos los parámetros legales establecidos". En menos de dos años han sido recibidas 300.000 solicitudes, siendo Argentina y Cuba los países con mayor demanda, según ha detallado Torres, que ha subrayado que "es preciso dar más tiempo".

Hasta diciembre pasado, un total de 226.354 descendientes de exiliados y emigrantes españoles habían solicitado la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática. El número de expedientes aprobados ascendía en esa fecha a 110.540 y el de inscripciones realizadas a 69.421, según recoge el balance de actividad consular 2023.