Desde agosto empiezan a revisar las pensiones no contributivas por invalidez
El Gobierno nacional encontró que apenas el 7% estaría en regla, aunque estiman que en todo el país el número se ubicaría en el 40%.
La auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sobre el otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez reveló que este beneficio funcionó más como una política de asistencia social, sin cumplir con los criterios médicos establecidos. Se sospecha que hubo una decisión oficial de otorgar estas pensiones a personas de bajos recursos, a menudo por intereses o favores políticos.
Según datos de ANSES, en junio, había 1.213.293 pensiones por invalidez en todo el país, representando el 3% de la población. En San Juan, había 25.126 pensiones activas, equivalentes a 3.054 por cada 100.000 habitantes.
Estas pensiones están destinadas a personas con discapacidad acreditada que no pueden trabajar. En julio, el monto mensual fue de $220.907, lo que representa un gasto anual para el Estado de más de USD 3.600 millones.
Una auditoría, ordenada por el director ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, sobre una muestra de 2.559 casos, encontró que solo el 7% de las pensiones cumplían con los requisitos. ANDIS informó que, basándose en irregularidades detectadas y en colaboración con la Justicia, se presume que hasta el 40% de las pensiones podrían ser irregulares.
La revisión de ANDIS, iniciada a principios de 2024, descubrió que muchas pensiones fueron otorgadas por motivos de pobreza en lugar de invalidez laboral. Las irregularidades incluyen el uso del mismo estudio médico para numerosos casos, médicos sin matrícula habilitante, y punteros políticos que utilizaban matrículas médicas para certificar pensiones ilegítimas.
La nueva gestión de ANDIS encontró un sistema de pensiones "poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude", con información mayormente en papel y sin un sistema digital unificado.
En ese sentido, en un reporte enviado al Senado en mayo pasado, el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse informó que "la ANDIS está trabajando para cambiar el proceso a uno 100% digital, moderno, eficiente, eficaz, trazable, transparente, automático, objetivo y justo, que permita reducir el tiempo del trámite para el solicitante en un 75% (hoy demora entre dos y tres años) y que garantice el pleno derecho de quien merezca acceder a este beneficio".
Para tener un número preciso de beneficios otorgados irregularmente, en agosto, la ANDIS iniciará una auditoría exhaustiva en todo el país.
