Se inició una investigación a funcionarios de Javier Milei por asociación ilícita
Es a partir de la presunta intervención irregular de una de las obras sociales más grandes del país.
Un fallo de la Justicia Federal pone el centro de la polémica a la gestión de Javier Milei en una causa que involucra irregularidades en una de las obras sociales más grandes del país.
Se trata de la resolución que firmó el juez Juan José Baric y que da marcha atrás con la intervención en la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA).
En ese sentido, se inició una investigación a Gabriel Gonzalo Oriolo, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, sumado a funcionario técnicos del organismo y el diputado de La Libertad Avanza, Pablo Ansaloni. El caso del legislador llama la tuvo un paso por OSPRERA y su gestión terminó con una denuncia que continúa en la Justicia por una presunta defraudación multimillonaria de la institución de salud
Se los acusa "por asociación ilícita y tráfico de influencias, con el fin de desplazar ilícitamente a las legítimas autoridades de la OSPRERA y hacerse el control de la Obra Social".
Además, el Gobierno deberá devolver el control de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA) a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
El fallo llega luego de la presentación judicial del líder de la UATRE, José Voytenco, patrocinado por el Gerente de Asuntos Jurídicos de la Osprera Lucas Eksiyan, con el asesoramiento del abogado Luciano Podestá.
Desde el gremio detallaron una serie de irregularidades en todo el proceso administrativo. Entre ellas, explicaron que la Superintendencia presentó una serie de requerimientos que debían ser contestados antes del 22 de agosto, pero que el 5 del mismo mes, sólo un día hábil luego de solicitarlos, resolvió la intervención.
El magistrado también le solicitaron a Oriolo que presente los informes en los que se basó para haber tomado la decisión de designar un normalizador.
"Se ordenó la suspensión preventiva con la que se intervino la institución haciendo saber a la Superintendencia de Servicios de Salud y a toda entidad institucional y bancaria que corresponda que se abstenga de ejecutarla", señalaron desde la UATRE.
Para el juez, el estado contable "crítico" que describe la Superintendencia como argumento para la intervención no se condice con el "análisis preliminar del ejercicio contable cerrado al 31/12/2023" en el que "se advierte resultado positivo del ejercicio contable y con respecto a las deudas se advierte que las mismas han disminuido".
De acuerdo con el análisis del juzgado tampoco coincide con la realidad el repaso de la situación prestacional que se detalla en la Resolución ni su nivel de litigiosidad. "En ambos casos se presentan cifras muy por encima de los que pueden constatar efectivamente", expusieron desde el gremio.
