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Decreto

El Gobierno recortó el programa que protege a víctimas de violencia de género

La iniciativa "Acompañar" apuntaba a brindar protección a mujeres y miembros de la comunidad LGBTI+ víctimas de violencia de género. 

El gobierno de Javier Milei sigue adelante con su plan de desarmar todo el andamiaje legal e institucional montado durante los gobiernos anteriores para brindar protección a las mujeres e integrantes de la comunidad LGBTI+ víctimas de violencia de género.

Tras eliminar el ministerio de la Mujer, el gobierno libertario endureció este lunes los requisitos que deberán cumplir las víctimas para acceder al programa Acompañar. Así quedó plasmado en el Decreto 755/2024 publicado este lunes con las firmas del presidente Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

Sin embargo Milei no se quedó ahí, y además de endurecer las condiciones para acceder a la ayuda, también redujo a la mitad el tiempo a lo largo del cual gozarán de esa cobertura por lo que las víctimas de violencia de género quedarán a su deriva a los tres meses.

El Programa Acompañar está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país y su objetivo principal es fortalecer la independencia económica de las víctimas para que no se vean forzadas a permanecer junto a quienes las atacan.

Hasta este lunes, el programa brindaba un apoyo económico equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por 6 meses consecutivos. Sin embargo, el Gobierno redujo esta ayuda a tan solo 3 meses.

Ofrece además acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial para las personas incluidas en el programa, coordinado con los gobiernos provinciales y locales.

Para acceder al programa, bastaba con presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Ahora, las víctimas de violencia de género deberán también acreditar la presentación de la denuncia judicial o policial, trámite que muchas veces las vuelve a exponer a una situación de vulnerabilidad.

"Podrá requerir la prestación toda persona residente en el país que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada; o extranjera con residencia permanente en la República Argentina, a partir de los 18 años de edad", establece el programa.

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