Reforma jubilatoria: afirman que la fórmula del Congreso "es más sólida" que el DNU del Gobierno
El proyecto de la oposición jurídicamente evita juicios contra el Estado, al tiempo que, desde lo económico, consolida la licuación de haberes que hubo entre 2017 y 2023.
Algunos informes privados, incluido un estudio de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), ponen en duda la afirmación del Gobierno de que la ley de ajuste de las jubilaciones aprobada por el Congreso puede atentar contra el superávit fiscal de este año.
Incluso, varios de ellos, provienen de centros de estudios cuya manera de ver la realidad económica no dista mucho de la que pueden tener las principales figuras del equipo económico, que encabeza el ministro Luis Caputo.
Tal es el caso del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) el cual en su último trabajo asegura algo parecido a otro reporte publicado hace unas semanas por el Instituto de Investigaciones Económicas para la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), la escuela de negocios de la Fundación Mediterránea.
En ese sentido, el trabajo agrega que "con la cabeza más fría, se daría cuenta que la ley, al consolidar la licuación de las jubilaciones sufrida desde el 2017, es una oportunidad inédita para darle sostenibilidad al superávit fiscal".
El reporte plantea que el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 274/24 que dispuso que, a partir de abril, los haberes previsionales se ajustarán mensualmente según la tasa de inflación de dos meses atrás, consolidó una pérdida del poder de compra que en términos reales cayó 35% entre 2017 y 2023. "Además, para el mes de enero 2024, el DNU fijó un ajuste de 12,5% cuando la inflación de ese mes fue de 20,6%", señala el trabajo de la consultora que dirige el economista Jorge Colina.
Por otro lado, dice que la ley de movilidad ordena que las jubilaciones deben ajustarse en el faltante para llegar al 20,6% de enero, esto es, un 7,2%.
