El Gobierno vetó la ley de movilidad jubilatoria que había aprobado el Congreso
A través del decreto 782/2024, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto de forma absoluta el proyecto votado por mayoría en ambas Cámaras del palacio legislativo.
Tal y como había anticipado el presidente Javier Milei, el Gobierno vetó de forma total la ley de movilidad jubilatoria. A través del decreto 782/2024, publicado a primera hora del lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto el proyecto de la oposición que había sido aprobado por ambas Cámaras del Congreso.
El veto ya había sido firmado por Milei el fin de semana, luego de reunirse con diferentes diputados de La Libertad Avanza (LLA) en Casa Rosada, y se esperaba que este lunes quedara publicado en el Boletín Oficial, como finalmente ocurrió. La misma, lleva además la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Capital humano, Sandra Pettovello; el ministro de Economía, Luis Caputo; la Canciller, Diana Mondino; el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Salud, Mario Russo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Entre los considerandos de la norma para justificar el veto, el Gobierno hizo hincapié en el gasto extra que implicaría para las arcas estatales la implementación de la ley. En suma, indicó que se traduciría en un gasto que no estaba proyectado en el Presupuesto de este año de alrededor de $6.160.000.000.000 para 2024 y de $15.430.000.000.000 para 2025.
"La administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración", explica la norma y agrega: "La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa".
En ese sentido, advierten que "de dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina , ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos".
Asimismo destaca que "el proyecto de ley sancionado padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las serias dificultades que presentaría su implementación" y que se trata de un gasto que "por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año". "Condena a nuestros jóvenes a más emisión, deuda, inflación y pobreza", expresó el oficialismo.
Por último, el decreto analiza que "la crisis del sistema previsional argentino no es un fenómeno reciente, sino que lleva décadas sin ser resuelta", y le achaca esa responsabilidad a los gobiernos anteriores y en especial a la estatización de las AFJP durante la gestión de Cristina Kirchner, mientras que resalta lo establecido en el Pacto de Mayo, firmado en julio por 17 gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA, "el cual establece como segundo principio el ‘equilibrio fiscal innegociable’".
