El Gobierno declaró "sujeta a privatización" a Aerolíneas Argentinas
Tras no lograr incluirla en la lista de empresas a privatizar en la Ley Bases, Javier Milei apeló ahora a un decreto para seguir con su avanzada contra la línea de bandera.
Tal como ya había adelantado el vocero Manuel Adorni, el presidente Javier Milei avanza en la privatización de Aerolíneas Argentinas a pesar de no haber logrado, tal como era su intención inicial, incluirla en la lista de las empresas estatales a ser entregada a manos privadas. Y en ese camino, tras no haber logrado el consenso necesario en el Congreso, avanza por decreto.
Así quedó plasmado en el Decreto 873/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
Allí el gobierno libertario declaró como "sujeta a privatización" a Aerolíneas Argentinas en medio del fuerte conflicto que fogonea la gestión de Milei con los trabajadores aeronáuticos a los que les está licuando los salarios desde el 10 de diciembre pasado. De esta manera, el presidente apuesta a crear el caldo de cultivo para justificar la venta y cargar sobre los sindicatos la responsabilidad de la crisis.
Para avanzar en la privatización, el Gobierno se ampara en el artículo 9° de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado sancionada durante el gobierno de Carlos Menem, el mismo que ya privatizó Aerolíneas Argentinas en la década del "90 en una muy fallida experiencia que derivó en el vaciamiento de la compañía.
Entre los considerandos del decreto, el Gobierno señala que el Tesoro Nacional "no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes de la República Argentina".
Además, argumenta que "la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente".
En esa línea, sostiene que el Estado tiene como objetivo "destinar los limitados recursos fiscales a atender las necesidades de los que menos tienen", en un contexto en el cual "la pobreza alcanza al 52,9% de la población y la indigencia al 18,1%".
