Detectaron que 131 prófugos cobraban una pensión por invalidez

Catorce delincuentes prófugos de la justicia, varios de ellos muy peligrosos, y que cobraban una pensión no contributiva por invalidez laboral, fueron detenidos en los últimos días a través de un operativo conjunto instrumentado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Diego Spagnuolo; y el Ministerio de Seguridad de la Nación, que comanda Patricia Bullrich. Se trata de beneficiarios de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Entre las personas detenidas había acusados por robo agravado, intento de violación y robo agravado, entre otros delitos graves. Uno de ellos acumula ocho causas.

El cruce de datos, a través del cual se detectaron que 131 prófugos cobraban la pensión no contributiva, se realizó entre ANDIS y el Ministerio de Seguridad, se articuló con el Ministerio de Justicia, y, según explicaron a este medio desde el Ministerio de Salud: "Las citaciones, para no quitarle precisión ni formalidad se hizo por la vía legal únicamente: carta documento a los domicilios para citarlos a la auditoría médica como corresponde para sostener el beneficio". Se los convocó entre el lunes 21 y el martes 22 a las instalaciones de la institución.

¿Cayeron por creerse impunes, por confiados, por querer seguir abusando del Estado? Ante la incredulidad de ese medio, las autoridades recordaron que decenas de prófugos son detenidos en la mesa de votaciones, cuando van a la escuela de sus hijos que se gradúan, cuando visitan a sus madres el día de su cumpleaños o, como se plasmó en la película El secreto de sus ojos, al asistir a la cancha para alentar a su equipo de fútbol.

Desde la ANDIS se informó que "ya se inició el procedimiento de baja inmediata de la pensión que percibían de parte del Estado Nacional" y destacaron que: "El operativo es un paso decisivo en la lucha contra la impunidad y el uso indebido de los recursos destinados a las personas con incapacidad laboral".

Desde la Casa Rosada recalcaron que "el Ministerio de Salud, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, trabaja con el objetivo de transparentar el sistema y garantizar la optimización de los recursos públicos".

"Los parásitos cayeron en su propia trampa", opinó el vocero presidencial Manuel Adorni en la clásica conferencia de prensa. "Los parásitos se quedaron si su huésped", manifestó con una sonrisa y felicitó a los tres ministerios que intervinieron en el operativo: Salud, Seguridad y Justicia. "Lo particular de estos parásitos es que cayeron en su propia trampa. Después de identificar que cobraban pensiones se los citó con la excusa de auditar esas pensiones y allí fueron atrapados por la policía. Además se les dio de baja el ingreso que cobraban del Estado Nacional y que financiaban injustamente todos los argentinos de bien con sus impuestos".

Adorni se refería a que los presuntos delincuentes prófugos de la justicia "cobraban de manera irregular" la pensión no contributiva por discapacidad laboral que actualmente representa el 70% de una jubilación mínima. Esto es $171.024,39 mensuales.

Según la descripción realizada por los funcionarios de la ANDIS, "los resultados de la primera etapa de la auditoría realizada en la Ciudad de Buenos Aires son inquietantes". Del corte de los 10.000 beneficiarios contactados, el 33% "no pudo ser localizado en los domicilios indicados", un hecho que, según se lee en las planillas, "plantea serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones".

Además de los 131 beneficiarios prófugos que cobraban la pensión, la revisión de los expedientes y el chequeo de cada caso personal realizados con los peritos médicos arrojaron como resultado que "muchos de ellos presentan incompatibilidades que podrían invalidar su derecho a recibir estas pensiones". De los pensionados auditados hasta ahora, el 57% "no cumple con los requisitos establecidos". Es decir, de los 9.336 beneficiarios seleccionados al azar para ser auditados, solo 1.063, apenas el 17%, tuvieron un "resultado positivo". Por ejemplo, el certificado médico a través del cual se había iniciado el trámite para obtener el beneficio, era compatible con su dolencia, entre otros aspectos.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata, el 21% de los beneficiarios no pudieron ser localizados y de los que asistieron a la revisión apenas "el 20% cumplía con todos los requisitos exigidos por la normativa". El 80% restante "no cumple con los requisitos como tener una discapacidad, o no tener un empleo" y de ese total "el 13% carecía de la documentación necesaria".

Hay casos que, para las autoridades de la ANDIS "son los más alarmantes" y, según Spagnuolo, forman parte del "negocio de la discapacidad".