Polémica por los comedores populares: detectaron irregularidades en San Juan
La Oficina Anticorrupción detectó que varios proveedores de la provincia emitieron facturas duplicadas que refuerzan las sospechas de fraude.
El escándalo nacional en torno a la gestión de fondos públicos destinados a los comedores populares llegó a San Juan. Una investigación de la Oficina Anticorrupción (OA) reveló irregularidades en las rendiciones de cuentas de varias organizaciones sociales.
Según un informe detallado, al menos dos proveedores de la provincia estarían involucrados en una maniobra de defraudación. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue el descubrimiento de una factura por la compra de barbijos, emitida por un supuesto empleado de la Municipalidad de San Vicente en enero de 2021. Ese documento, que corresponde a la Asociación Civil 18 de Diciembre por el Inmigrante, despertó sospechas debido a que el emisor se había inscripto como monotributista solo tres meses antes. Además, esta organización presentó facturas de otro empleado municipal de Lomas de Zamora, quien habría emitido dos facturas en junio de 2021 por la venta de alimentos.
La Oficina Anticorrupción estuvo revisando las rendiciones de cuentas de los comedores, que recibieron millonarios subsidios del Estado para la compra de alimentos. En su investigación, detectaron que varios proveedores de San Juan emitieron facturas duplicadas en el mismo día, por montos idénticos, lo que refuerza las sospechas de fraude. El 12 de julio de 2022, dos proveedores emitieron facturas por $194.498 para la Asociación Civil 18 de Mayo, y una situación similar ocurrió el 26 de diciembre de ese mismo año, con un monto facturado de $658.490,66.
Entre las irregularidades más comunes se encuentra la repetición de proveedores en las rendiciones de diferentes asociaciones como "Brumar", que vendió mercadería a las asociaciones "18 de Mayo" y "El Amanecer de los Cartoneros", y "Percara César Javier", proveedor de "Solidaridad y Participación", "La Salud en Comunidad" y "Caminos de Tiza".
Además, se detectaron algunos que no estaban habilitados para comercializar alimentos, como J.M.S., registrado para servicios de transporte, pero que facturó por venta de alimentos. También se encontró una carnicería inscrita para la venta de carnes rojas, que emitió facturas con productos de almacén al por mayor.
Esta investigación forma parte de un expediente judicial abierto tras una denuncia del Ministerio de Capital Humano. Una auditoría reciente reveló que el 47,5% de los comedores populares nunca funcionaron o dejaron de hacerlo, y el 27% de los datos de inscripción no coinciden con la realidad.
