ARCA vuelve a embargar cuentas a incumplidores
La reactivación de embargos por parte de ARCA redefine las reglas para deudores y excluye a sectores clave como salud y entidades sin fines de lucro.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) retomó esta semana su capacidad para iniciar juicios de ejecución fiscal y embargos bancarios. Esta medida, suspendida desde la gestión de Alberto Fernández, había sido prorrogada durante años, pero la reciente Resolución 1445/2024 del Ministerio de Economía puso fin a esa moratoria para un amplio espectro de contribuyentes. Sin embargo, ciertas excepciones se mantienen, marcando un giro clave en las políticas de recaudación.
La normativa, publicada en el Boletín Oficial el pasado 27 de diciembre de 2024, especifica que las entidades sin fines de lucro y los contribuyentes del sector salud estarán protegidos de estas acciones judiciales hasta el 31 de julio de 2025. Este plazo adicional busca aliviar a sectores esenciales que aún enfrentan desafíos económicos. Sin embargo, micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que anteriormente estaban exentas, ahora se encuentran incluidas en las medidas, lo que las coloca en el mismo nivel de exposición que los grandes contribuyentes.
Este cambio introduce un enfoque más amplio en la estrategia de recaudación fiscal. Durante años, ARCA había sido impedida de tomar medidas coercitivas, como embargos de cuentas, para evitar un impacto negativo en sectores vulnerables. No obstante, el actual escenario económico parece haber llevado a una redefinición de prioridades. El objetivo principal es reforzar los ingresos fiscales en un contexto de crisis, aunque esto podría generar tensiones para empresas pequeñas y medianas, que constituyen un pilar clave de la economía nacional.
Además de la reactivación de los embargos, la resolución también contempla un plan de facilidades para aquellos contribuyentes que deseen regularizar sus deudas. Este esquema pretende ofrecer una vía alternativa para quienes buscan evitar medidas judiciales. No obstante, las condiciones de estos planes aún no se han detallado completamente, lo que genera incertidumbre entre los contribuyentes.
A pesar de las excepciones, la decisión de incluir a las MiPyMEs en el grupo de posibles embargos representa un desafío significativo para este sector. Las cámaras empresariales han expresado preocupación ante esta medida, señalando que podría obstaculizar la recuperación económica de pequeñas empresas, muchas de las cuales todavía enfrentan dificultades tras la pandemia y la inflación persistente.
Con estas modificaciones, ARCA da inicio a un año de cambios significativos en la gestión de la deuda fiscal. Si bien las medidas buscan reforzar la recaudación y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, también abren interrogantes sobre su impacto en el sector productivo y los contribuyentes más vulnerables. Solo el tiempo dirá si este enfoque logra equilibrar las necesidades fiscales con la protección del tejido económico nacional.
