La Justicia prohíbe al Gobierno ir contra las políticas de género

La Justicia se expidió y le prohibió al Gobierno nacional ir contra las políticas de género y desmantelar los programas de prevención y asistencia a mujeres y niños en situación de violencia de género.

Así lo dispuso la Cámara Nacional de apelaciones a través de una publicación de la resolución 11167/2024 publicada por la Sala Feria A. La misma ratifica la vigencia de la medida cautelar que había intentado apelar el Gobierno para poder seguir con el ajuste en políticas de género.

El Gobierno había pedido que se habilite la feria judicial para ahondar sobre este tema, pero la Justicia rechazó que se trate la apelación solicitada por el Ejecutivo.

En este sentido, la parte actora requirió el otorgamiento de una medida cautelar de no innovar que ordenara "al Ministerio de Justicia y al Poder Ejecutivo Nacional se abstengan de efectuar reducción de recursos humanos y de infraestructura institucional afectada a labores dependientes de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia, y de realizar otras medidas de reorganización, así como también se sostenga la producción y publicación de evidencia y estadísticas a cargo de estos organismos", señala el documento oficial.

Vale recordar que en junio de 2024, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) habían presentado una acción judicial contra el Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo de la Nación, quienes buscaban el desmantelamiento de estos programas.

Puntualmente, solicitaron más precisiones sobre cuál sería el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales del Estado Nacional en materia de violencias; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes y, sobre todo, cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas mediante normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido.

La Justicia ya había lugar al reconocimiento formal de la legitimación de las organizaciones para representar al colectivo de mujeres, niñas y adolescentes, víctimas y potenciales víctimas de violencia de género en estado de vulnerabilidad múltiple, y había ordenado que se inscribiera la acción en el Registro de Procesos Colectivos.