Javier Milei recortó la asistencia legal a pueblos originarios

El Gobierno nacional eliminó un programa fundamental para el acceso a la justicia de comunidades indígenas de todo el país. A través de la Resolución 8/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) derogó el Programa de Fortalecimiento Comunitario, vigente desde 2004 y orientado a brindar asesoramiento legal, financiamiento de defensas judiciales y apoyo en la regularización de tierras para pueblos originarios.

La decisión, tomada en el marco de la política de ajuste del presidente Javier Milei, se suma a una serie de medidas que debilitan la protección de los derechos indígenas, como la eliminación en diciembre de la emergencia territorial que protegía a estas comunidades de los desalojos.

El programa que garantizaba asesoramiento y defensa legal

El Programa de Fortalecimiento Comunitario se creó en 2004 con el objetivo de otorgar subsidios para afrontar gastos jurídicos y administrativos, incluyendo:

• Defensas judiciales en conflictos por tierras.
• Asesoramiento legal y contable.
• Capacitación en derechos indígenas.
• Ejecución e inscripción de mensuras para asegurar la propiedad comunitaria de las tierras ocupadas

La eliminación de este programa deja a cientos de comunidades en un estado de desprotección legal, en un contexto donde los conflictos por tierras han aumentado y muchas comunidades enfrentan amenazas de desalojo por parte de empresas privadas y el propio Estado.

Justificación oficial: ajuste y eficiencia

Según la Resolución 8/2025, el Gobierno sostiene que el programa "no ha dado cumplimiento a los objetivos planteados" y que presenta "deficiencias y desvíos", según auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Además, argumenta que la eliminación responde a la necesidad de optimizar el gasto público, en línea con la emergencia económica decretada por el DNU 70/2023.

Sin embargo, el Ejecutivo no anunció ninguna alternativa para garantizar que las comunidades indígenas continúen recibiendo asistencia jurídica, lo que genera incertidumbre y preocupación entre las organizaciones indígenas y de derechos humanos.