Diputados proponen que jueces, legisladores y ministros se realicen exámenes toxicológicos obligatorios
Un proyecto de diputados propone que legisladores, jueces y miembros del Ejecutivo se sometan a pruebas para detectar consumo de drogas.
Diputados del PRO y La Libertad Avanza (LLA) presentaron un proyecto de ley para que funcionarios de los tres poderes del Estado se sometan a exámenes toxicológicos obligatorios.
La iniciativa busca garantizar la "integridad, idoneidad y transparencia en la función pública" y establece sanciones en caso de detectar consumo de sustancias ilícitas.
El proyecto fue impulsado por el diputado del PRO, Gabriel Chumpitaz, y cuenta con el respaldo de legisladores como Lorena Villaverde y Carlos Zapata (LLA), entre otros.
Según Chumpitaz, "la lucha contra el narcotráfico y la prevención de adicciones deben comenzar con el ejemplo de quienes escriben, aplican y hacen cumplir las leyes".
De aprobarse la ley, los funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de directivos de organismos autárquicos y empresas estatales, deberían realizarse exámenes al asumir su cargo, de manera anual y con controles aleatorios cada tres meses.
Las pruebas detectarían el consumo de cocaína, marihuana, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas y otras drogas sintéticas, salvo aquellas prescriptas por un profesional de la salud. Los análisis se harían en laboratorios certificados, bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad.
Qué ocurre si un funcionario da positivo
Si un funcionario obtiene un resultado positivo, podrá solicitar una contraprueba en un plazo de 48 horas. Si se confirma el consumo de drogas, será suspendido preventivamente sin goce de sueldo hasta que se determine su situación.
La continuidad del funcionario quedará en manos del Poder Ejecutivo, que deberá convocar a una junta médica y a la Oficina Anticorrupción para evaluar el caso. En el Congreso, la Comisión de Asuntos Constitucionales de cada cámara podrá recomendar su destitución, lo que daría inicio a un juicio político o remoción, según corresponda.
En el caso del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura tendría la facultad de iniciar un proceso de sanción o remoción del magistrado involucrado.
