Patricia Bullrich ofrece una recompensa de $10 millones para identificar a quienes "promovieron disturbios"
La ministra de Seguridad sigue sin dar con los supuestos barrabravas que provocaron destrozos la semana pasada frente al Congreso y pagará $10 millones a quienes aporten datos.
A horas de una nueva protesta de los jubilados frente al Congreso, que amaneció vallado y con un operativo de seguridad que promete blindar al centro porteño, la cartera que dirige Patricia Bullrich confirmó el pago de una recompensa para quienes aporten datos o denuncien a las personas "responsables de haber promovido disturbios" en la marcha del 12 de marzo, que fue brutalmente reprimida y dejó al fotógrafo Pablo Grillo peleando por su vida tras recibir un disparo de granada de gas en la cabeza.
A través de la Resolución 357/2025 publicada en el Boletín Oficial de este miércoles, el Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de diez millones de pesos "destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles, precisos y concretos que permitan identificar y lograr la captura de los autores y responsables de haber promovido disturbios y delitos en la zona del Congreso Nacional" en la protesta de jubilados del 12 de marzo.
En los considerandos, la resolución firmada por Bullrich, afirma que "es de público y notorio conocimiento que miembros de grupos organizados y "barras bravas" de diferentes parcialidades futbolísticas, con la excusa de apoyar una manifestación de personas jubiladas, promovieron disturbios con fines desestabilizadores".
Y asegura que "los grupos movilizados" en la protesta "nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas" y destaca que al arribar a la zona del Congreso "comenzaron a agredir a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego".
Asimismo, se señala que la movilización fue "orquestada previamente para actuar en forma gravemente violenta" y que "buscó impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional", ya que "constituyó una "reunión de personas armadas".
Por este motivo, resulta "necesario y urgente identificar a los autores de los mencionados delitos, que constituyen un caso de gravedad institucional con trascendencia a nivel nacional e internacional".
