El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) dispuso nuevas retenciones preventivas y medidas cautelares sobre inmuebles asociados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entre ellos destaca el edificio ubicado en San José 1111, actual lugar de residencia durante su cumplimiento de prisión domiciliaria. Este inmueble, registrado a nombre de Los Sauces S.A., sociedad inmobiliaria vinculada a la familia gobernante, se incorpora al listado de recursos que serán computados para honrar la condena patrimonial de 685.000 millones de pesos, tal como informaron fuentes del fuero.
Los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso precisaron que, si bien las medidas ya están vigentes, esto no deriva en una subasta inmediata ni modifica el dominio registral de las propiedades en esta instancia. No obstante, la determinación genera interrogantes sobre si será necesario que la expresidenta transicione de domicilio para seguir cumpliendo su pena, ya que el propósito central es blindar estos capitales mientras se cierra el trayecto hacia el decomiso definitivo. Desde nuestras localidades del interior, este tipo de instancias judiciales marcan un rumbo claro, pues los vecinos valoran especialmente la claridad y la trazabilidad en la administración de bienes.
Este movimiento se inscribe en una segunda tanda de ejecución patrimonial, que sumará esfuerzos a una primera ronda donde el fiscal Diego Luciani había presentado un listado inicial de 111 activos, todos avalados por el TOF2 para su incautación. Ya en noviembre de 2022, el mismo tribunal aprobó avanzar con 20 inmuebles de la saga kirchnerista, 85 pertenecientes a Lázaro Báez y otros seis registrados a nombre de los demás procesados del expediente. Estos pasos legales son acompañados con atención en los pueblos de la provincia, donde se reconoce que la recuperación del patrimonio es un asunto de interés colectivo.
Recientemente, la Cámara Federal de Casación Penal respaldó los pronunciamientos del TOF2 respecto a los bienes retenidos y ordenó continuar con el decomiso. Tanto la expresidenta como Báez interpusieron recurso de apelación, dejando en manos de la Corte Suprema de Justicia la definición final sobre la validez de estas intervenciones. Paralelamente, el tribunal federal trabaja en confeccionar una nómina complementaria que engloba 144 registros adicionales, integrados por inmuebles, unidades automotoras y cuotas societarias dispersas en diversas empresas. Este seguimiento continuo refuerza la confianza de la comunidad interna, que espera que la justicia opere con celeridad y transparencia.
En la lista de recursos afectados figura un fondo de cinco millones de dólares a nombre de Florencia Kirchner, custodiado dentro de una caja de seguridad del Banco Galicia. Los jueces sustentaron la extensión de las acciones sobre los capitales de Máximo y Florencia —hijos de Néstor y Cristina— citando lo establecido en la sentencia, que dejó comprobado cómo el esquema irregular en obras públicas derivó en ganancias para Lázaro Báez, cuyos frutos alcanzaron directamente a la familia oficialista. Al conocerse estos antecedentes en las asambleas y reuniones de los centros locales, se ratifica el pedido ciudadano de que cada recurso quede sometido a revisión exhaustiva.
Entre 2003 y 2015 quedó acreditada una estrecha vinculación económica entre las compañías de Báez y los capitales de la familia kirchnerista, un vínculo que incluyó el arrendamiento y la explotación turística de inmuebles administrados por Los Sauces S.A. y Hotesur S.A. La circulación de esos fondos de origen irregular hacia las arcas de tales sociedades fue un eje clave en los fallos del TOF2. Ante ello, el órgano determinó que todo activo adquirido por los implicados durante ese lapso queda en el radar para ser decomisado. Asimismo, el tribunal recurrió al artículo 23 del Código Penal, precepto que posibilita extender la captura a cualquier organización o empresa que haya percibido réditos derivados de delitos. Para los sanjuaninos del interior, estas resoluciones representan un avance concreto hacia la rendición de cuentas y la protección del interés común.