El debate sobre cómo distribuir los dineros del Impuesto a los Combustibles Líquidos cobró nueva luz con un ejercicio realizado por la consultora nacional Galois. Este trabajo explora qué ocurriría si los fondos recaudados siguieran los coeficientes generales de la Coparticipación Federal de Impuestos, postura que ya sostuvieron numerosos gobernadores e intendentes ante el Congreso. Según el cálculo presentado, durante el lapso que abarca desde enero hasta julio de 2026, San Juan habría registrado un incremento de $25.608 millones si el reparto hubiera transitado por ese canal común, una suma que cobra especial relevancia al pensar en cómo podrían reforzarse los servicios y la infraestructura de nuestras localidades del interior.
La cifra emerge de un total de $3,8 billones recaudados por el ICL en ese mismo periodo. El documento indica que, pese a que ningún criterio de división resulta totalmente uniforme para el conjunto del territorio, bajo esta hipótesis nuestra provincia alcanzaría montos comparables a los de sus jurisdicciones vecinas. La proyección ubica a Mendoza en $31.590 millones adicionales, a San Luis en $17.291 millones y a La Rioja en $15.686 millones.
Desde la consultora dejan claro que este ejercicio no altera la normativa actual, sino que funciona como un escenario hipotético de referencia. En la realidad operativa, una porción de lo recaudado ya transita por la coparticipación, mientras que otro tramo se canaliza hacia asignaciones específicas que, según sostiene el gobierno nacional, resultan indispensables para preservar el equilibrio fiscal.
Para armar este recorrido, los especialistas se basaron en el 35,44% del remanente neto del impuesto a los combustibles, rubro que hoy posee destinos predefinidos. Durante los primeros siete meses del año, esa fracción ascendió a unos $1,3 billones. Al aplicar los ponderadores tradicionales de la coparticipación, el modelo calcula que las 24 jurisdicciones provinciales en su conjunto absorberían el 58,76% de esos fondos.
El régimen vigente contempla un mosaico de asignaciones. Luego de descontar el 1,9% correspondiente a ARCA, el Tesoro Nacional retiene el 10,40%, el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) percibe el 15,07% y el Sistema Único de Seguridad Social concentra el 28,69%. El 35,44% que resta se distribuye entre fideicomisos específicos: 4,31% para el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, 28,58% para el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y 2,55% para la Compensación al Transporte Público.
La reflexión sobre el traslado de estos recursos ya había marcado una jornada legislativa en 2025. En aquella ocasión, los máximos referentes provinciales propusieron reconfigurar la coparticipación eliminando ciertos fondos vigentes y elevando la participación jurisdiccional al 57,02%. Si bien la iniciativa contó con amplio respaldo en el Senado, no consiguió despacharse en la Cámara de Diputados por falta del quórum absoluto necesario.