La Corte Suprema de Justicia movió las piezas y cambió el juego para las prepagas. Desde ahora, las empresas deberán pedir autorización al Gobierno antes de subir las cuotas.
La decisión pega de lleno en el bolsillo de los afiliados y en el modo en que viene funcionando el sector. Ya no va a alcanzar con decidir el aumento y listo: habrá que pasar por el control estatal.
El fallo declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023, que habían sacado al Estado de esa tarea. Con eso, la fiscalización vuelve a quedar en manos de la Superintendencia de Servicios de Salud, que será la encargada de revisar los valores.
La causa arrancó por una demanda de María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical, luego de un aumento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. La mujer sostuvo que, con la resolución del Ministerio de Salud, el incremento habría sido de 6,26%.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti también marcaron que el Gobierno no explicó bien por qué hacía falta borrar esos controles. En criollo: no alcanza con decir “hay emergencia” y salir a correr la barrera, ¿no?

