La discusión por los mercados de carbono entró en escena con media sanción en el Senado. El proyecto apunta a que Argentina participe de ese negocio a nivel internacional, bajo el llamado “Artículo 6” del Acuerdo de París.
Desde el Círculo de Políticas Ambientales, Villalonga explicó que un crédito de carbono es un certificado que acredita que se evitó emitir una tonelada de CO₂. Esa credencial se compra y se vende, y sirve para que una empresa o un país “compense” lo que contamina por otro lado.
Pero ahí aparece el primer trago amargo: para que ese crédito valga de verdad, hay que probar que la reducción ocurrió, que no habría pasado igual sin el proyecto, que no se movió el problema a otro lugar y que el resultado dura en el tiempo. Villalonga advirtió que cumplir esas cuatro condiciones al mismo tiempo es muy difícil, sobre todo cuando se habla de bosques, suelos o selvas.
También señaló que hay presión de empresas, consultoras internacionales y sectores económicos locales para entrar en ese mercado. El riesgo, dijo, es que se termine vendiendo “humo”: certificados que no representan una baja real de emisiones, pero que dejan seguir contaminando como si nada.
Además, marcó un punto que puede complicar a Argentina: si el país vende créditos al exterior, esas toneladas ya no pueden contarse como logro propio. En otras palabras, lo que se vende afuera después puede pesar adentro, y la cuenta climática queda más pesada de lo que parecía. ¿Negocio redondo o cuenta que después no cierra?