En agosto, el Gobierno volvió a meterle tijera al gasto público para cuidar el superávit. En la Administración Pública Nacional, que explica casi todo el Sector Público Nacional, se pagó 8% menos que un año atrás.
El recorte pegó fuerte en las transferencias a provincias y municipios, que vienen bancando gran parte del ajuste. También aflojaron partidas de gasto social, servicios y jubilaciones, justo cuando la caja no afloja y cada peso cuenta.
Según el IARAF, el gasto devengado cayó 9,95% en agosto, mientras que lo efectivamente pagado bajó 7,95%. Entre las bajas más marcadas aparecen las transferencias a provincias y municipios, con una caída de 66,39%, y las ayudas sociales, con 16,65%.
En el otro extremo, subieron las transferencias al sector privado, donde entran los subsidios económicos, con un alza de 14,51%. También crecieron los giros a universidades nacionales, con 9,48%, y a otras entidades del sector público nacional.
La foto política también pesa. Con menos fondos discrecionales y menos envíos automáticos, los gobernadores y los intendentes quedan más ajustados, y el Gobierno necesita negociar votos para sacar leyes. ¿La motosierra sigue firme o ya está pidiendo cambio de filo?