El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal por los incidentes y destrozos de este jueves en las inmediaciones del Congreso. La movida apunta a que la Justicia ponga nombres y apellidos en un episodio que terminó con tensión, daños y un operativo al rojo vivo.
En el escrito, la cartera sostuvo que algunos manifestantes actuaron “con los rostros cubiertos a fin de no ser identificados”. También afirmó que hubo daños al “erario público” y que se arrojaron objetos contundentes y peligrosos contra la infraestructura de la zona y los efectivos federales.
La denuncia también menciona lesiones sufridas por integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad durante los enfrentamientos. Según la presentación, fueron blanco de ataques reiterados mientras se desarrollaba el operativo.
Otro punto que quedó planteado es la hipótesis de que los disturbios buscaron “inhibir y/u obturar” la actividad legislativa prevista para esa jornada. Eso, por ahora, es parte de lo que deberá revisar la investigación judicial, sin sacar conclusiones antes de tiempo.
El Ministerio pidió avanzar por posibles delitos de atentado y resistencia agravados a la autoridad, lesiones agravadas y daño agravado. También solicitó sumar grabaciones, cámaras públicas y privadas, informes del operativo y documentación médica de los heridos. Firmaron la presentación Germán Pugnaloni y Lisandro Franco; ahora la pelota quedó del lado de la Justicia, ¿y quién la devuelve primero?