El Gobierno nacional puso en marcha un programa para llevar a las cárceles provinciales el sistema que detecta y bloquea celulares. La idea es cortarles el hilo a los internos que usan el teléfono para mover órdenes o seguir manejando contactos desde adentro.
La medida quedó oficializada con la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este martes en el Boletín Oficial. La adhesión será voluntaria y cada provincia deberá firmar un convenio. O sea: si se quieren sumar, primero hay que poner el hombro y también la billetera.
El sistema apunta a identificar el IMEI del aparato, el IMSI de la tarjeta SIM y la línea telefónica. A diferencia de los inhibidores que tiran todo abajo, esta tecnología busca bloquear equipos puntuales dentro de zonas restringidas, sin hacer lío en los alrededores.
El procedimiento prevé que los penales detecten los dispositivos activos y manden reportes con sus datos. Después, esa información irá a un servidor del Ministerio de Seguridad Nacional, que hará de puente con las empresas telefónicas. Una vez validado el pedido, las operadoras tendrán un máximo de 48 horas para ejecutar la inhabilitación.
Además, las provincias deberán llevar registros, hacer auditorías y designar responsables operativos. El acuerdo dura dos años y, en Santa Fe, todo queda atado a una eventual adhesión del gobierno provincial. ¿Se sumarán o mirarán de lejos este nuevo control?