El Gobierno reglamentó el Régimen Penal Juvenil, que alcanza a adolescentes desde los 14 años hasta el día en que cumplen 18. La norma busca ordenar los casos de jóvenes imputados por delitos y meterle foco a la educación y la reinserción social.
El Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial, puso al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en todo el país. También prevé seguimiento de los jóvenes, asistencia a las víctimas y coordinación con las provincias, para que el tema no quede picando en un solo escritorio.
La base legal es la Ley 27.801, sancionada el 27 de febrero y publicada el 9 de marzo. Esa ley fijó que el régimen rige desde los 14 años y persigue responsabilidad legal, educación, resocialización e integración social.
Además, se crea el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil, que coordinará la implementación entre las áreas del Estado. Ahí van a intervenir Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad Nacional, Ministerio de Capital Humano y Ministerio de Salud.
También se arma la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, para trabajar con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La idea es armonizar criterios y compartir buenas prácticas, porque cuando hay que coordinar a todos, no alcanza con buena voluntad y un café, ¿no?