La Corte Suprema de Justicia de la Nación les bajó el pulgar a otro planteo de siete de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Esta vez, el reclamo apuntaba contra la fiscal de la causa y otros funcionarios judiciales por supuestas irregularidades en las primeras horas de la investigación.
El máximo tribunal firmó el rechazo con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Según la resolución, el recurso venía flojo de papeles: no tenía fundamentación autónoma y no refutaba bien lo que ya había dicho la decisión apelada.
La movida había sido impulsada por el abogado Hugo Tomei, cuando representaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi. Ellos sostuvieron que en las indagatorias de pocas horas después del asesinato no se les informó bien qué se les imputaba ni qué pruebas había en su contra.
También cuestionaron cómo se hicieron y firmaron las actas de esas declaraciones. La defensa decía que, así como se manejó todo, no se respetaron las garantías del Código Procesal Penal bonaerense; un reclamo que venía picando desde febrero de 2020.
Esa denuncia penal siguió su propio camino y hasta logró que, en febrero de 2022, la Cámara de Apelaciones de Dolores los reconociera como particulares damnificados. Pero después la investigación no avanzó: fue desestimada por ausencia de dolo y también se frenaron otras medidas de prueba que habían pedido.
Con este rechazo, la causa no vuelve a tocar las condenas por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Lo que se cerró ahora fue el recorrido judicial de la denuncia contra funcionarios, otro capítulo de un expediente que ya tuvo varias vueltas y todavía no afloja, ¿eh?