La Justicia le bajó el pulgar al decreto que había frenado la Ley de Financiamiento Universitario. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional la jugada y ordenó cumplir con lo aprobado por el Congreso.
El fallo lo firmó el juez Martín Cormick, que hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la UBA. Con esa decisión, quedó sin efecto el Decreto 759/2025.
Ahora, el Poder Ejecutivo debe avanzar con el “cumplimiento inmediato” de la ley, junto con las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias. En criollo: no alcanza con patear la pelota para adelante, hay que mover la rueda.
El Gobierno había intentado frenar primero con el veto, pero el Congreso lo rechazó y sostuvo la norma. Después salió el decreto que ataba la aplicación a la definición de fuentes de financiamiento y a la inclusión de partidas en el presupuesto general.
El reclamo universitario apuntó a dos cosas bien concretas: fondos para el funcionamiento de las casas de estudio y la recomposición salarial de docentes y no docentes. Cormick también cuestionó el costo fiscal que invocó el Ejecutivo y recordó que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto estimado para 2025 ronda el 0,23% del PBI. ¿Y ahora quién se hace el distraído?
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