La Pastoral Judicial salió a marcar la cancha y pidió que el nuevo régimen penal juvenil no empeore la situación de niños, niñas y adolescentes en la Argentina. La advertencia llegó justo antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.801.
La entidad remarcó que la privación de la libertad tiene que ser una medida excepcional, de última instancia. Traducido al llano: nada de meter a cualquiera en cana como si eso arreglara el problema de fondo.
En su pronunciamiento, también puso el foco en la pobreza infantil. Citó datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que señalan que durante el año pasado más de la mitad de los chicos y adolescentes vivía en hogares pobres, y más del 10% en indigencia.
Con ese panorama, la Pastoral advirtió que el régimen penal puede pegar más fuerte en menores que ya vienen de la exclusión. Y sumó otra alarma: cuando el Estado se repliega, el narcotráfico avanza y ahí el bardo se pone serio.
El documento también recuperó las llamadas “Reglas Papa Francisco para el trato de personas excluidas” y recordó que no se debe castigar con prisión a alguien por situaciones ligadas a la exclusión, las violencias estructurales o la falta de medios. ¿Hace falta decir que, si el arranque ya viene torcido, después no hay parche que alcance?