Este jueves 15 de octubre, las universidades públicas vuelven a poner el cuerpo en la calle. Estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades de todo el país se suman a la quinta Marcha Federal Universitaria para reclamar fondos y rechazar el ajuste.
El reclamo apunta a que se cumpla la ley de financiamiento aprobada por el Congreso. También cuestionan las demoras en la actualización salarial y las trabas judiciales que frenaron la ejecución de esos recursos. En criollo: sin plata, la universidad hace malabares.
La protesta llega con un clima bien cargado entre el Gobierno nacional y el sistema universitario. Según el texto difundido por los sectores convocantes, la Justicia frenó el Decreto 759/2025, con el que el Ejecutivo buscaba condicionar la aplicación del presupuesto.
Desde el ámbito académico advierten que los salarios vienen atrasados y que las partidas no alcanzan para sostener el laburo diario de las casas de estudio. La convocatoria tiene respaldo de gremios docentes y nodocentes, federaciones estudiantiles y el Consejo Interuniversitario Nacional, el famoso CIN.
Además, los rectores ya miran el Presupuesto 2027 y ponen sobre la mesa una diferencia que no pasa desapercibida: el Gobierno propone 7,3 billones de pesos, mientras ellos piden 11 billones. Con esa distancia, la cuenta no cierra ni con calculadora nueva, ¿o sí?