El Gobierno de Mendoza, con Alfredo Cornejo al frente, promulgó una ley que abre una puerta bastante grande. Ahora el Fondo Escolar Permanente podrá usarse también para financiar viviendas para docentes y celadores.
La reforma modifica la Ley 9.545 y permite avanzar con proyectos habitacionales junto al Instituto Provincial de la Vivienda, el famoso IPV. O sea: la plata que estaba atada a la escuela ahora también puede empujar el sueño de la casa propia.
El Gobierno provincial dice que el fondo tiene hoy más de $500 millones. Además, hay 12 inmuebles en evaluación para ser rematados, una movida que podría sumar más recursos al bolsón.
La iniciativa nació después de un relevamiento que detectó a unos 23.000 trabajadores de la educación con problemas para acceder a una vivienda. Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, explicó que el fondo también puede servir como garantía para créditos hipotecarios y nuevos desarrollos urbanísticos.
La convocatoria alcanzará a docentes titulares y suplentes, y a celadores de toda la provincia. Las inscripciones se abrirían entre septiembre y octubre, aunque todo dependerá de los proyectos que presenten las empresas privadas. Por ahora, no hay cantidad de casas definida ni precio único: eso todavía está quedando picando.