La Armada Argentina movió fichas rápido y dejó afuera de sus funciones a nueve militares por una denuncia penal que habla de presuntas irregularidades con los haberes. El número asusta: el perjuicio podría ir de $938 millones hasta $1.600 millones.
Entre los apartados hay ocho capitanes de corbeta y un suboficial, todos pasados a disponibilidad mientras sigue la investigación en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos. La decisión la tomó el jefe de la fuerza, el almirante Juan Carlos Romay.
La propia Armada presentó la denuncia después de una pesquisa interna que detectó movimientos raros en el área que liquida sueldos. La maniobra, según la presentación, se habría estirado entre julio de 2022 y enero de 2026, o sea, un bardo que no apareció de un día para el otro.
La acusación habla de tres caminos: viáticos por servicios en el exterior que no se habrían hecho, “cobros fantasma” con CUIL de retirados o dados de baja, y suplementos con horas extras o especialidades como buceo que habrían terminado con un supuesto retorno del 50%. Una ingeniería demasiado prolija para algo que, si se comprueba, huele mal desde lejos.
Entre los nombres mencionados aparece el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada. También figuran personas ajenas a la fuerza, como María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff, a quien la denuncia le atribuye $152,2 millones en 46 acreditaciones. ¿Cómo se explica semejante desorden sin que nadie lo vea venir?