Un hombre identificado como Bustos fue condenado a ocho años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por haber generado un embarazo. La resolución se conoció este martes y la pena se cumple en el penal de Chimbas.
El dato que inclinó la balanza fue la prueba genética. El Ministerio Público Fiscal trabajó con material obtenido del feto producto de la Interrupción Legal del Embarazo, y ese análisis permitió vincular al acusado con la víctima.
La investigación arrancó a fines de marzo, después de la denuncia presentada por una joven de 18 años. El fiscal Mario Panetta, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar, explicó que la defensa habló de consentimiento y de una relación previa, pero la fiscalía logró desarmar esa versión.
Según la reconstrucción del caso, el abuso ocurrió durante una reunión familiar en una quinta, en verano, cuando la víctima quedó aislada. Panetta sostuvo que no había contacto previo entre las partes, un punto que el MPF consideró clave para descartar cualquier consentimiento.
El acuerdo se cerró en un juicio abreviado homologado por el juez Pablo León, así que se evitó un debate oral que podía estirarse por dos semanas. La condena quedó por encima del mínimo legal y, con la pena ya en marcha, el caso cerró con una certeza judicial y una pregunta que queda picando: ¿cuántas veces una pericia termina siendo la pieza que ordena todo el quilombo?