La pesquisa por los fondos en la Municipalidad de Calingasta dejó al descubierto una maniobra que hizo ruido. Un inspector municipal habría usado su cargo para desviar plata de contribuyentes a una billetera virtual personal.
El caso saltó por la denuncia penal que firmó el intendente Sebastián Carbajal. Después vinieron allanamientos de la UFI Delitos Especiales en oficinas comunales, y la historia empezó a tomar forma de bardo grande.
Todo se habría activado cuando un vecino fue a alquilar un espacio público para montar un puesto ambulante comunitario. El canon por tres días era de 100.000 pesos, y el inspector le armó el expediente y le dio un comprobante oficial.
Pero al momento de pagar, le habría cortado el paso por caja y le pidió una transferencia a su cuenta de Mercado Pago. El vecino pagó confiado, con el papel en la mano, y se fue pensando que tenía el lugar asegurado.
La cosa se deschavó cuando llegó al predio y vio que el espacio figuraba libre. Ahí exhibió el ticket y el comprobante del celular, mientras una auditoría interna mostraba que el trámite entraba al sistema, se imprimía y después aparecía dado de baja como "anulado".
Ahora el fiscal Iván Grassi y los ayudantes fiscales Pablo Orellano y Victoria Martín revisan la documentación secuestrada. En los pasillos de la comuna ya sospechan que podría haber más damnificados, así que la pesquisa sigue y la pregunta queda picando: ¿era un caso aislado o había más vueltas en la misma rueda?