La muerte de Daniel Alberto “Pichi” Paredes en la Comisaría 12 de Valle Fértil sigue generando ruido en el departamento y entre los vecinos que siguen el caso de cerca. La noche del 22 de abril, Paredes murió mientras estaba detenido, y ahora el fiscal Francisco Pizarro resolvió archivar la investigación al concluir que se trató de un suicidio por ahorcamiento, sin delito ni responsabilidad penal de los policías de guardia.
Pero la familia no se quedó callada. Con el patrocinio de los abogados Marcelo Sandez y Néstor Olivera, la querella apeló el archivo y sostiene que hubo omisiones serias en la custodia. En criollo: aseguran que los efectivos no hicieron lo que tenían que hacer para cuidar a una persona que estaba bajo su responsabilidad, y por eso piden que la causa se reabra.
Según la fiscalía, el cierre del expediente se apoya en pericias científicas. La autopsia, realizada bajo el Protocolo de Minnesota, determinó asfixia mecánica por ahorcamiento autoinfligido y no encontró signos de violencia externa. Además, el estudio toxicológico marcó 2,67 g/l de alcohol en sangre, un nivel de ebriedad completa que, para el fiscal, redujo el control de impulsos de la víctima. También se hizo una autopsia psicológica que señaló una fuerte vulnerabilidad y rasgos depresivos.
Del otro lado, la querella pone el foco en lo que pasó dentro de la dependencia policial. Cuestiona que no haya registros claros de vigilancia entre las 23:55 y las 00:01, justo el lapso en el que ocurrió la muerte, y remarca que el Estado tiene un deber reforzado cuando alguien está detenido. También objeta que no se haya hecho el examen médico de ingreso, algo que consideran clave para evaluar el estado de una persona antes de dejarla en una celda.
La familia insiste en que, por el nivel de alcohol que tenía Paredes, los policías debían extremar los cuidados. Para ellos, no alcanza con decir que hubo rondas de control: quieren saber si esas rondas fueron reales, si quedaron asentadas como corresponde y por qué no se actuó con mayor prevención. Por eso, plantean que podría haber habido homicidio culposo, abandono de persona u omisión de deberes de funcionario público.
Ahora el expediente quedó en manos de un fiscal de jerarquía superior, que deberá revisar si mantiene el archivo o si revoca la decisión para avanzar con imputaciones contra los efectivos Jorge García y David Romero. Si el cierre se confirma, la querella ya adelantó que intentará llevar el caso por la vía de la acción penal privada, para seguir buscando respuestas sobre lo que pasó esa noche en la celda de Valle Fértil.