La movida judicial en Angaco tuvo un freno seco. El fiscal Adolfo Díaz desestimó la denuncia que había impulsado Alberto de los Ríos contra el fiscal Francisco Nicolía y el concejal opositor Andrés Olivera.
La presentación pedía investigar supuestos delitos de coacción, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y usurpación de cargo. Pero para Díaz, la historia no cerraba por ningún lado y no daba para abrir una causa penal.
Todo arrancó a mediados del mes pasado, cuando De los Ríos y la secretaria del Concejo, Valeria Olivera, fueron a la Justicia con el planteo. El foco estaba puesto en cómo Nicolía habría obtenido información para avanzar en una causa que ya tenía en la mira al propio presidente del Concejo, a otros ediles y al intendente José Castro.
Según la resolución, no hubo delito en que el fiscal citara a declarar por WhatsApp ni en que advirtiera posibles consecuencias si no se entregaba la documentación pedida. Díaz sostuvo que eso no configura una maniobra ilícita, sino una actuación propia de una investigación. O sea, el bardo no alcanzó para convertirlo en causa penal.
Además, el fiscal remarcó que el concejal Andrés Olivera había pedido en el Concejo el acta de la sesión extraordinaria, por lo que existía obligación de entregar esa información. Con ese cuadro, concluyó que no había elementos para seguir y ordenó el archivo, aunque la decisión fue apelada y ahora la revisará un fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales. ¿Se viene otro capítulo o acá quedó picando?